La investigación por el Caso Sartor ha tomado un giro inesperado. El Ministerio Público puso la lupa sobre el mercado de fichajes de Universidad de Chile, específicamente tras detectar discrepancias financieras en la llegada de dos futbolistas provenientes desde Huachipato: Ignacio Tapia y Gabriel Castellón.
¿Por qué el ente persecutor cuestiona estos movimientos? La indagatoria, revelada inicialmente por Reportajes T13, busca determinar si los montos pagados por Azul Azul fueron inflados o manejados para favorecer intereses de terceros, afectando así el patrimonio del club universitario. Los antecedentes forman parte de una arista mayor que revisa el origen de los recursos de la propiedad de Azul Azul.
Las sospechas tras los pases de Tapia y Castellón
El primer foco de conflicto es el defensor Ignacio Tapia. Según registros judiciales, en 2022, Azul Azul adquirió el 50% de su carta por US$900 mil. Sin embargo, los investigadores hallaron antecedentes de que, apenas un año antes, el 100% de los derechos económicos del jugador se habrían ofrecido a La U por una cifra sustancialmente menor: US$400 mil.
El caso del arquero Gabriel Castellón es igual de complejo. El exdirector de Azul Azul, Juan Pablo Pavez, declaró que en 2024 el club concretó la compra del 50% del pase en US$1,1 millones. No obstante, las cifras comunicadas de forma pública en su momento rondaban los US$412 mil, generando una disparidad que ahora es objeto de análisis pericial.
Investigación en el CDA y próximos pasos
Las sospechas de la Fiscalía se centran en verificar si las negociaciones entre Huachipato y la Universidad de Chile fueron utilizadas para beneficiar económicamente a personas vinculadas a la propiedad de los azules. En este contexto, el nombre del exdirigente del cuadro acerero, Victoriano Cerda, ha surgido con especial relevancia durante las diligencias.
Este escenario motivó que, durante el allanamiento al Centro Deportivo Azul (CDA), la PDI procediera a incautar una serie de documentos críticos. Entre el material requisado se encuentran contratos de jugadores, archivos financieros relacionados con sociedades y acciones, además de antecedentes de diversos fichajes que, hasta ahora, permanecían bajo reserva.
Por el momento, la Fiscalía continúa analizando el material incautado para establecer si existen delitos asociados a la gestión de los recursos. ¿Resultarán estas diferencias de montos en una acusación formal o se justificarán como operaciones de mercado estándar? La respuesta dependerá del avance de las pericias contables en curso.
