El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) enfrenta un duro cuestionamiento tras la auditoría final de la Contraloría General de la República (CGR), que expuso irregularidades críticas en el proceso del Censo de Población y Vivienda 2024. El informe, notificado al organismo el pasado 10 de marzo de 2026, detalló una serie de fallas que van desde problemas en la contratación de personal en terreno hasta posibles conflictos de interés en licitaciones de gran envergadura.
Ante este escenario, el INE presentó el 18 de marzo de 2026 una solicitud de reconsideración legal respecto a observaciones sobre multas, censistas sin respaldo administrativo y arrendamientos. Según la institución, el despliegue nacional involucró a más de 400.000 postulantes, logrando la contratación de 38.000 personas distribuidas en 345 comunas, proceso que el organismo defendió como un hito institucional por el uso de herramientas digitales.
Censistas: antecedentes penales y estatus migratorio
Uno de los hallazgos más preocupantes de la Contraloría es la contratación de 16 personas que mantenían antecedentes penales, entre ellos condenados por robo, hurto, estafa, lesiones y tráfico de drogas. De este grupo, seis censistas presentaron certificados que no revelaban su realidad penal, mientras que en otros diez casos no hubo evidencia de que se haya solicitado el documento obligatorio antes de la firma del contrato.
Adicionalmente, se detectaron 14 casos de trabajadores extranjeros contratados sin habilitación legal para desempeñarse en el país, careciendo de residencia vigente o trámites al 31 de diciembre de 2023. Entre ellos, cinco individuos tenían sus permisos revocados, incluyendo un caso de expulsión administrativa. El INE informó el inicio de un sumario administrativo desde el 13 de marzo de 2026 para esclarecer estas responsabilidades, que representan un 0,04% y 0,03% del personal total, respectivamente.
El Censo 2024 implicó el despliegue de un proceso nacional de reclutamiento que convocó a más de 400.000 postulantes, así como la selección, contratación y pago de más de 38.000 personas en terreno, desplegado en 345 comunas, coordinado desde 697 locales censales.
Conflicto de interés en contrato de $1.700 millones
La auditoría también reveló un posible caso de conflicto de interés en una licitación adjudicada por cerca de $1.700 millones. Una exasesora del proceso, que prestó servicios al INE hasta el 31 de agosto de 2024, actuó como evaluadora en la comisión licitadora. Simultáneamente, ella ejercía como representante legal de McCann Erickson S.A., empresa que controlaba el 60% de Dittborn y Unzueta S.A., firma que resultó ganadora del contrato.
Debido a la posible vulneración de la Ley N° 20.880 sobre probidad, la Contraloría derivó estos antecedentes al Ministerio Público, mismo destino que tuvieron los hallazgos sobre las contrataciones irregulares. Actualmente, el INE se mantiene bajo la instrucción de un plazo de 15 días para profundizar en las responsabilidades administrativas, mientras el caso sigue siendo monitoreado por el ente fiscalizador para asegurar la transparencia del uso de recursos públicos. ¿Serán suficientes los sumarios internos para despejar las dudas sobre la probidad del proceso censal?
