La conformación de la comisión mixta encargada de resolver las diferencias sobre el proyecto que amplía las facultades para levantar el secreto bancario se ha convertido en el nuevo foco de fricción política entre el oficialismo y la oposición en el Congreso. La instancia, que debe dirimir cómo acceder a información financiera en investigaciones por crimen organizado, quedó pendiente tras el rechazo parcial de la iniciativa durante su tramitación.
¿Cómo se define la comisión mixta?
La comisión será integrada por cinco senadores y cinco diputados. En el caso del Senado, la composición está prácticamente resuelta, ya que los miembros de la Comisión de Seguridad representarán a la Cámara Alta. Por el contrario, en la Cámara de Diputadas y Diputados el panorama es más complejo.
El diputado Jaime Araya (independiente-PPD), quien actuó como informante del proyecto, ya tiene un cupo asegurado. No obstante, los nueve escaños restantes suelen repartirse según el tamaño de los comités parlamentarios, un criterio que, según cálculos de la oposición, podría entregarles el control de la instancia. Araya estimó que, bajo la tradición legislativa, la comisión podría quedar compuesta por seis integrantes a favor de fortalecer el acceso a información bancaria y cuatro representantes del oficialismo en contra.
La postura del Gobierno y el debate legislativo
Desde el Ejecutivo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, negó que exista una negativa gubernamental a levantar el secreto bancario. Sin embargo, precisó que el Gobierno defiende que dicha herramienta debe operar estrictamente bajo autorización judicial.
No hay ninguna declaración de alguien del Gobierno o de parlamentarios que están en la coalición del oficialismo que se opongan al alzamiento del secreto bancario, sostuvo el subsecretario Máximo Pavez.
El senador socialista Juan Luis Castro sugirió que, para avanzar, podrían implementarse jueces o fiscales disponibles las 24 horas para resolver estas solicitudes, aunque advirtió que aquello podría no ser suficiente para lograr un acuerdo transversal. Por su parte, el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, cuestionó la insistencia de sectores de izquierda en impulsar mecanismos de carácter administrativo y calificó el debate como una herramienta política en materia de seguridad.
Próximos pasos en el Congreso
La decisión final sobre la nómina de integrantes fue postergada para la próxima semana, periodo en el cual los comités parlamentarios retomarán las negociaciones. La propuesta definitiva dependerá de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, liderada por Jorge Alessandri, quien deberá presentar los nombres para su ratificación. Pese a las presiones, diversos parlamentarios anticipan que lo más probable es un empate de cinco integrantes por sector, lo que obligaría a reiniciar las negociaciones para destrabar el polémico mecanismo. ¿Lograrán las partes ceder posiciones antes de la votación definitiva?
