El Gobierno dio un paso atrás en su polémica propuesta para la Ley de Migraciones que buscaba habilitar a colegios y centros de salud como puntos de control para extranjeros. Tras intensas negociaciones con la Comisión de Gobierno del Senado, el Ejecutivo ingresó una nueva indicación que excluye expresamente a dichos establecimientos de las labores de fiscalización migratoria, manteniendo el foco en el fortalecimiento de los mecanismos de control en otras instituciones.
El nuevo acuerdo tras el fracaso de la sesión
La noticia fue confirmada durante este miércoles, luego de que la sesión en la Comisión de Gobierno no pudiera realizarse por falta de quórum. La senadora Danisa Astudillo (PS), quien preside la instancia, explicó que el cambio tiene un objetivo claro: “evitará que establecimientos educacionales o de salud se transformen en espacios de fiscalización migratoria”.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, detalló los alcances del ajuste legal. Pávez aclaró que el Ejecutivo no retiró la indicación original, sino que ingresó una propuesta consensuada con los legisladores. Según el personero, la medida amplía la facultad de requerir información a organismos públicos y privados, pero impone restricciones clave:
- Se excluye de manera total a los establecimientos de salud.
- Se exceptúan las instituciones de educación parvularia, básica y media.
- Se mantiene la protección especial respecto a menores de edad.
El objetivo: agilizar las expulsiones pendientes
El subsecretario Máximo Pávez justificó esta nueva redacción argumentando que el fin principal sigue siendo mejorar la capacidad del Estado para localizar a personas con órdenes de expulsión vigentes. “Los senadores estuvieron de acuerdo en ampliar la posibilidad de requerir a todo organismo público, con estas restricciones que acabo de señalar, y a cualquier otro organismo privado, cuando haya un requerimiento para notificar una resolución que requiera la expulsión de un extranjero ilegal”, precisó.
El procedimiento de expulsión es un procedimiento que tiene etapas y muchas veces, luego de la primera notificación, las personas no son halladas y, por lo tanto, queremos cumplir con ello, que también tiene un respaldo ciudadano importante: lograr ubicar a las personas para poder expulsarlas.
Críticas y la visión del Senado
La propuesta inicial del Ejecutivo había recibido críticas transversales, sumando cuestionamientos de la Defensoría de la Niñez y del Colegio Médico, quienes advirtieron sobre el riesgo de desincentivar el acceso a derechos fundamentales. La senadora Danisa Astudillo valoró el consenso alcanzado, señalando que la nueva redacción permite concentrar los esfuerzos en lo relevante.
“Lo que hicimos fue establecer un límite razonable para proteger a los niños, niñas y adolescentes, y evitar que establecimientos educacionales o de salud se transformaran en espacios de fiscalización migratoria”, sentenció la legisladora. Además, agregó que la migración irregular debe combatirse con herramientas eficaces para identificar y notificar a quienes incumplen la ley, dejando atrás los “eslóganes”.
Con este acuerdo, el Gobierno espera destrabar la discusión en el Congreso y avanzar en una herramienta que, según el Ejecutivo, cuenta con un alto respaldo ciudadano para concretar las expulsiones pendientes. ¿Logrará esta nueva redacción equilibrar la seguridad con el acceso a los servicios básicos en los próximos trámites legislativos?
