Endurecimiento de la postura migratoria
La última entrega de la encuesta CEP, realizada entre abril y mayo de este año, marca un punto de inflexión en la visión de los chilenos sobre la inmigración. Según los datos presentados este miércoles, el 55% de los consultados se inclina por prohibir totalmente el ingreso de extranjeros, lo que representa un salto estadísticamente significativo frente al 42% registrado en la medición de septiembre y octubre de 2023.
Sandra Quijada, coordinadora de Opinión Pública del centro de estudios, señaló que solo un 14% se muestra a favor de una apertura libre. En tanto, el segmento que mantiene una postura intermedia cayó diez puntos porcentuales, evidenciando una mayor polarización en la opinión pública nacional.
Gasto público y criminalidad: las principales preocupaciones
La percepción económica también sufre cambios drásticos. Un 60% de los encuestados afirma estar de acuerdo o muy de acuerdo con que el Gobierno gasta demasiado dinero ayudando a los inmigrantes. Quijada destacó que este resultado es un aumento sustancial de 16 puntos porcentuales en comparación con los datos obtenidos en 2003, la última vez que se realizó esta pregunta, con una caída notable de quienes no quisieron responder.
En materia de seguridad, el 67% de los consultados vincula la inmigración con un aumento en los índices de criminalidad en el país. Asimismo, un 40% considera que los extranjeros desplazan a los chilenos de sus fuentes laborales, una cifra que experimentó un incremento de 8 puntos porcentuales respecto al ciclo anterior de septiembre-octubre de 2023.
Educación y selectividad
El estudio también abordó las expectativas sobre el perfil de los inmigrantes. El 58% de las personas respaldó la idea de que Chile debería implementar una política migratoria selectiva, centrada en atraer a individuos con mayor nivel educativo. En contraste, un 24% se mostró en desacuerdo con este enfoque y un 17% se mantuvo neutral.
Sobre el acceso a servicios básicos, el 71% sostiene que los migrantes en situación legal deberían tener los mismos derechos de acceso a la educación pública que los ciudadanos nacidos en el país. Pese a ser una mayoría, esta cifra refleja una baja de seis puntos porcentuales respecto a la medición de fines del año pasado, mientras que un 16% expresa un rechazo total a esta equiparación, un dato calificado como estadísticamente relevante por el CEP.
