La reciente ofensiva del Partido Comunista (PC) para ingresar un proyecto que busca derogar aspectos específicos de la Ley Naín-Retamal ha generado un fuerte cruce político. Tras la arremetida del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien cuestionó la iniciativa, las parlamentarias Lorena Pizarro y Nathalie Castillo defendieron la postura de su bancada.
El conflicto escaló luego de que Kast utilizara su cuenta en X para manifestar que su sector se opondrá a cualquier propuesta que implique retirar garantías o herramientas a las fuerzas de orden para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Ante esto, la diputada Lorena Pizarro calificó de impresentable que el Ejecutivo -o figuras políticas- intenten cuestionar la facultad legislativa de presentar proyectos.
“Esto es atentar en contra de un poder del Estado. Hay que decirle al presidente que no estamos en dictadura y que los poderes del Estado funcionan. Esta ley Naín-Retamal es una herencia del expresidente Gabriel Boric”, enfatizó la diputada Pizarro.
Sobre el fondo del proyecto, Pizarro aclaró que la propuesta modifica tres artículos puntuales con el objetivo de resguardar a la sociedad civil y establecer condiciones claras frente al actuar de Carabineros. En ese sentido, rechazó las acusaciones de que el PC busque debilitar la persecución delictiva, calificando tales argumentos como una “manipulación inaceptable”.
Defensa y alcances del proyecto
Por su parte, la diputada Nathalie Castillo precisó que el texto legislativo no apunta a eliminar derechos policiales en su totalidad, sino a corregir normas que, a su juicio, vulneran a quienes se manifiestan. Castillo enfatizó que los cambios se enfocan en artículos vinculados a la “legítima defensa privilegiada” y al denominado “gatillo fácil”, además de otros puntos relacionados con la justicia militar.
En relación a la intervención de Kast, la parlamentaria Castillo fue enfática en señalar que el rol del Ejecutivo y de los actores políticos debe ser mantener la separación de funciones. Subrayó que el deber del Congreso es tramitar las iniciativas ingresadas sin que esto deba mezclarse con tensiones innecesarias entre los poderes del Estado.
La controversia pone nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la eficacia de la Ley Naín-Retamal en el contexto actual de crisis de seguridad. Mientras el oficialismo busca ajustar ciertos mecanismos, la oposición mantiene una postura firme de blindaje hacia la actual normativa. Se espera que el debate continúe intensificándose en el Congreso durante las próximas sesiones, donde se definirá la viabilidad de las modificaciones propuestas.
