El riesgo de un nuevo libelo acusatorio
La reciente presentación de una acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, motivada por supuestas inconsistencias en las proyecciones de deuda bruta del Gobierno Central para el periodo 2026-2030 detectadas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), ha generado una fuerte reacción en el oficialismo. Diputadas del sector advirtieron que este movimiento estratégico por parte de la oposición establece un peligroso precedente que podría terminar afectando al actual titular de Hacienda, Jorge Quiroz.
La diputada Gael Yeomans (FA) fue enfática al señalar que, bajo la lógica impuesta por la oposición, cualquier discrepancia entre las cifras gubernamentales y las del CFA habilitaría una acusación constitucional. Para la parlamentaria, si el ministro Quiroz no logra aclarar las diferencias en sus proyecciones de crecimiento y déficit fiscal frente a los informes técnicos del Consejo, se verían obligados a evaluar un libelo en su contra el próximo año.
La advertencia desde el oficialismo
Yeomans calificó la actual ofensiva opositora como un «show político» que distrae al Congreso de temas prioritarios. Sin embargo, precisó que, si este es el estándar que se ha fijado, el oficialismo actuará en consecuencia.
«Ese es el precedente que nos están dejando y eso es lo que entonces vamos a evaluar el próximo año. Si es que se genera esta diferencia, vamos a presentar una acusación constitucional»
, aseguró la diputada del Frente Amplio.
En la misma línea, la diputada Daniela Serrano (PC) argumentó que, si se analiza el detalle técnico del libelo presentado contra Grau, existirían fundamentos teóricos para apuntar directamente contra el ministro Quiroz. Serrano instó a los parlamentarios de oposición a actuar con la misma «valentía» que demostraron con Grau, sugiriendo que, bajo sus propios criterios, el actual ministro de Hacienda debería ser sujeto a fiscalización extrema por su gestión económica.
Contexto del debate en el Congreso
La tensión en el Legislativo se intensifica tras la conformación de la comisión revisora que analizará el libelo contra el exministro Grau. Mientras la oposición asegura que su actuar responde a la necesidad de transparencia fiscal, el oficialismo sostiene que estas acciones son instrumentalizadas para desgastar la figura del ministro Quiroz. La discusión trasciende el caso específico de Grau, convirtiéndose en una pugna sobre cómo se deben dirimir las diferencias técnicas entre el Gobierno y los organismos autónomos como el CFA. En paralelo, otros sectores como el de Luis Fernando Squella han mantenido el foco en temas críticos como el no pago del CAE, señalando que el Estado no puede operar bajo la lógica del «Espíritu Santo» al momento de gestionar sus obligaciones financieras.
