En un fallo inédito para la Región del Bío Bío, el Ministerio Público logró la primera condena por lavado de activos derivada de un caso de contrabando de cigarrillos en la comuna de Tomé. El empresario Pablo Aranda Contreras fue sentenciado tras ser sorprendido transportando 17 mil cajetillas de cigarros ingresadas de forma ilícita al país.
El hallazgo ocurrió durante el año 2024, cuando personal de Carabineros detectó el cargamento en el peaje Agua Amarilla, ubicado en la Ruta del Itata. Inicialmente, el imputado fue formalizado por los delitos de contrabando, comercio ilegal y comercio clandestino, lo que activó una investigación exhaustiva sobre su patrimonio.
Investigación patrimonial y condena
La fiscal jefe de Tomé, Ana María Aldana, lideró las diligencias para rastrear los bienes del empresario, ante la sospecha de que estos provenían de la venta ilegal de tabaco. Tras el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI), se determinó la existencia de activos ilícitos valorados en cerca de $200 millones, incluyendo diversos vehículos y dinero en efectivo.
La persecutora Ana María Aldana detalló los resultados obtenidos tras el peritaje de la Brigada de Lavado de Activos:
Por la conducta de lavado de activos se le condenó a una pena de 3 años y un día y, además, a una multa de más de $14 millones. En esta investigación también tuvo parte la Aduana y también una destacada participación del OS7 en el procedimiento de flagrancia y también de la Brigada de Lavado de Activos.
En total, el fallo impone al acusado cuatro penas de prisión y el pago de multas que ascienden a $115 millones. Entre las medidas adoptadas, destaca que el vehículo BMW que estaba en poder del empresario fue incautado y entregado por orden de la Fiscalía para el uso oficial de la PDI.
Cumplimiento de la pena y futuro judicial
A pesar de la gravedad de los delitos, el abogado defensor Francisco García informó que se alcanzó un acuerdo a través de un procedimiento abreviado. Según explicó el jurista, las sanciones impuestas permiten que el sentenciado no cumpla tiempo efectivo tras las rejas:
Dentro de un procedimiento abreviado, tuvimos un acuerdo con el Ministerio Público y representado, y se aceptó ese procedimiento abreviado y, por lo tanto, se dictó veredicto condenatorio. Las penas son inferiores a 5 años de pena privativa de libertad. Por lo tanto, tiene una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.
Con esta resolución, el caso marca un precedente en el combate contra el comercio ilegal y el lavado de dinero en la zona. Resta observar si este nuevo enfoque de la Fiscalía hacia el patrimonio de los contrabandistas servirá para desarticular futuras organizaciones similares en el Bío Bío.
