La audiencia de formalización de cargos contra Claudio Boisier, quien se desempeñó como administrador municipal de Viña del Mar y gerente de la Corporación Municipal durante la gestión de Virginia Reginato, fue reprogramada para el próximo 31 de julio. La decisión fue tomada luego de que el Juzgado de Garantía de Viña del Mar rechazara, por tercera ocasión consecutiva, la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa.
El abogado Cristian Santander, defensor de Boisier, fundamentó la ausencia de su cliente en la audiencia señalando que padece una neumonía, condición médica que le impidió comparecer ante el estrado. El Ministerio Público investiga al exfuncionario por presunta malversación de caudales públicos y fraude al fisco, delitos vinculados a la gestión de finiquitos dentro de la corporación.
Detalles de la investigación por malversación
Sobre el origen de la causa, el abogado Santander explicó que a su representado se le imputa haber instruido al gerente general de la corporación para que realizara el pago de un finiquito a un trabajador. Según la tesis de la Fiscalía, dicho pago no correspondía bajo ninguna circunstancia debido a las causales del despido.
Se le imputa que, como administrador municipal, habría dado la orden al gerente general de la corporación de pagar un finiquito a un trabajador, que según el Ministerio Público no merecía el pago por causales de despidos que impedían el pago de indemnizaciones.
No obstante, la defensa niega categóricamente estas acusaciones, argumentando que Claudio Boisier carecía de las competencias necesarias para intervenir en una operación de esa naturaleza administrativa. “Nosotros negamos que él haya dado esa instrucción”, puntualizó Santander ante el tribunal.
La postura de la Fiscalía
La fiscal Marcia Rivas, representante de la Fiscalía Regional Anticorrupción, fue enfática al señalar que, durante el debate sobre el sobreseimiento, la defensa intentó sin éxito alegar la prescripción de los hechos por malversación y cuestionar la tipicidad del fraude al fisco. El tribunal desestimó estos argumentos, al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar la prescripción.
La fiscal Rivas profundizó en los hallazgos de la investigación, revelando que el finiquito cuestionado había sido gestionado directamente por el gerente general, quien habría autodeterminado los montos del pago. Asimismo, la autoridad despejó dudas respecto a otros actores políticos: confirmó que, hasta la fecha, no existen antecedentes suficientes para proceder con una formalización en contra de la exalcaldesa Virginia Reginato.
Tras este nuevo aplazamiento por motivos de salud, el caso se mantiene en una fase de expectativa a la espera de la audiencia de julio, donde el Ministerio Público buscará formalizar los cargos que podrían marcar un hito en la revisión de la administración municipal anterior.
