Una fiscalización nocturna en el Terminal Pesquero Metropolitano ha escalado hasta los tribunales de justicia. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) interpuso una querella criminal por la detección de una red de venta ilegal de productos del mar que, según la entidad, presenta graves implicancias tributarias y ambientales.
Los hechos se remontan al 30 de marzo de 2026, durante el periodo de Semana Santa. En dicho procedimiento, inspectores del servicio interceptaron un cargamento que carecía de respaldo documental completo. En total, se incautaron 16.500 kilogramos de Reineta (Brama australis), 486 kilogramos de Merluza común, 346 kilogramos de Jibia y 177 kilogramos de Bonito.
La falta de trazabilidad y el riesgo para especies críticas
El punto central de la acción legal es la ausencia de la Acreditación de Origen Legal (AOL), un documento obligatorio para garantizar que los recursos pesqueros provienen de actividades extractivas autorizadas. La querella identifica a Miguel Ángel Benavente Pérez, transportista domiciliado en Pelluhue, y a la empresa Comercializadora de Productos Marinos Sabor a Mar SpA, representada por Felipe Celestino Sáez Quezada, como los principales involucrados.
La infracción adquiere especial gravedad en el caso de la reineta, toda vez que este recurso se encuentra formalmente en estado de sobreexplotación.
Sernapesca argumenta que el transportista, en su calidad de actor experto, no podía desconocer la ilicitud de la carga. Según el escrito, el uso de documentación extemporánea refuerza la sospecha de una operatoria sistemática orientada a la evasión de controles pesqueros.
Posibles delitos tributarios y nexos investigativos
La investigación no se limita solo a la normativa de pesca. El organismo sostiene que la falta de trazabilidad es una estrategia para ocultar operaciones comerciales, configurando una posible infracción al artículo 97 del Código Tributario. La querella busca esclarecer si existe un circuito paralelo donde los productos se comercializan sin pago de impuestos ni registro legal.
El caso toma mayor relevancia al analizarse junto a otros ilícitos. Recientemente, el 8 de junio, se reveló en Valdivia la desarticulación de una estructura delictiva que involucraba a funcionarios públicos y carabineros en la comercialización de especies robadas. Sernapesca advierte que el patrón de carga detectado en Santiago sugiere que los productos podrían ser parte de redes de abastecimiento ilegal de mayor alcance.
Actualmente, la causa se encuentra en fase de diligencias iniciales. La querella solicita la participación activa de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Servicio de Impuestos Internos (SII) para desmantelar lo que consideran un daño potencialmente irreversible contra la sustentabilidad hidrobiológica, arriesgando los imputados penas de cárcel y multas de hasta 2.000 UTM.
