La controversia por el cobro del CAE (Crédito con Aval del Estado) sigue escalando en La Araucanía. El seremi de Educación, Aaron Ríos, restó dramatismo a los cuestionamientos lanzados por parlamentarios de oposición, enfatizando que la acción de la Tesorería General de la República no es más que el estricto cumplimiento de la normativa vigente.
El diputado José Montalva (PPD) encendió las alarmas en la zona, denunciando que usuarios han reportado el «vaciado» de sus cuentas bancarias y el embargo de bienes raíces. Según el parlamentario, esto genera una profunda incertidumbre en las familias chilenas y anunció que fiscalizarán los métodos aplicados, argumentando que, si bien el pago es necesario, se requiere una fórmula distinta para el cobro.
Argumentos de la autoridad frente a la deuda
Ante las críticas, Aaron Ríos defendió la recaudación como un mecanismo indispensable para redistribuir fondos hacia áreas con mayor impacto. «Los énfasis en materia educativa tienen que estar donde hay mayor rentabilidad social. Hay una deuda histórica con nuestros jardines, sala cuna, con la enseñanza básica, particularmente en el enfoque del aprendizaje en comprensión lectora y también en operaciones matemáticas básicas», sostuvo la autoridad regional.
Cuando se toma la decisión de aplicar la ley, porque esto es aplicar simplemente la ley que existe, lo que se está haciendo es recaudar mayores recursos, que cada peso se invierta a donde debe ser.
Sobre el operativo de cobranza, la Tesorería Regional aclaró que esta primera etapa apunta a casos específicos. Se trata del embargo de propiedades a 3 personas que mantienen deudas superiores a los 45 millones de pesos y que, además, perciben remuneraciones mensuales por sobre los 5 millones de pesos, pese a haber sido notificadas en reiteradas ocasiones.
Escenario político y futuro del CAE
En el marco de la coyuntura política, el seremi evitó referirse a las declaraciones del Partido Comunista respecto a las movilizaciones estudiantiles ocurridas a casi tres meses de la instalación del Gobierno de José Antonio Kast. Ríos calificó el debate como «poco productivo» y afirmó que su gestión está enfocada en recorrer la región para responder directamente a las demandas de las comunidades educativas locales.
Mientras se mantienen las acciones legales contra los deudores de altos ingresos, resta ver si el nivel central modificará las fórmulas de fiscalización ante la presión de la oposición, que busca evitar que el proceso de recaudación afecte a los sectores más vulnerables de la población.
