Una nueva polémica sacude al oficialismo luego de que parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) acusaran al Gobierno de romper sus promesas de austeridad. El conflicto surge por la permanencia de asesores en el Segundo Piso de La Moneda que, simultáneamente, ejercen funciones como consejeros regionales (Cores), recibiendo lo que han calificado como un doble sueldo.
Los cuestionamientos apuntan directamente a Ignacio Dulger y Víctor Valdés, ambos militantes del Partido Republicano (REP), además de Álvaro Bellolio, militante de la UDI. Los tres funcionarios realizan labores de asesoría en la sede de Gobierno mientras mantienen sus responsabilidades como consejeros de la Región Metropolitana.
La denuncia ante la Contraloría
Ante esta situación, los diputados del PDG Fabián Ossandón, Flor Contreras, Tamara Ramírez y Patricio Briones presentaron una denuncia formal ante la Contraloría General de la República. El objetivo es que el ente fiscalizador determine si este ejercicio simultáneo de funciones se ajusta a la normativa vigente y si constituye un conflicto de interés.
El diputado Fabián Ossandón fue enfático al emplazar a la administración central:
“Si el Presidente cree que esta situación está bien, que lo diga. Y si cree que está mal, que pida las renuncias. Lo que no puede hacer es mirar para otro lado frente a una situación que pone en duda la coherencia de los compromisos que asumió con el país”
Críticas a la probidad y uso de recursos
Los legisladores advirtieron que este escenario contraviene los principios de probidad y la promesa de campaña de poner fin a los privilegios. La diputada Flor Contreras cuestionó la gestión de los recursos estatales, señalando:
“Dijeron que cuidarían los recursos del Estado pero hoy validan que un funcionario reciban millones de pesos (…) descuidando además sus labores obligatorias en las comisiones de la Región Metropolitana”
Por su parte, el congresista Patricio Briones calificó el hecho como una “pésima señal para el país”, argumentando que mantener asesores clave en el Segundo Piso mientras reciben otra dieta pública es una práctica ética insostenible. Por ahora, el Gobierno no ha entregado una respuesta oficial ante la arremetida del PDG, quedando el caso pendiente del pronunciamiento técnico que emita la Contraloría en las próximas semanas.
