La reciente ola de denuncias en redes sociales sobre el embargo de cuentas corrientes por parte de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha generado una respuesta desde el Gobierno. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó la situación luego de que diversos usuarios aseguraran que el Estado les estaba quitando dinero de sus sueldos mediante estas retenciones forzosas.
El contexto de la recaudación y el mandato gubernamental
Recordemos que la administración de José Antonio Kast instruyó a la Tesorería General de la República intensificar la cobranza del CAE. Esta estrategia incluye la promoción de convenios de pago, pero también la ejecución de embargos. Según el Ejecutivo, la prioridad en estos procesos han sido los morosos que perciben ingresos superiores a los 5 millones de pesos mensuales, seguidos por quienes ganan más de 3,5 millones de pesos.
El titular de Hacienda enfatizó este lunes que las deudas deben ser saldadas. «Primero que nada recordar que el CAE es un crédito que se le entregó a las personas con un esfuerzo de todos los chilenos, a través del IVA y de sus impuestos. Este crédito, lamentablemente, no fue pagado por mucha gente», argumentó la autoridad.
Impacto fiscal y el llamado a reprogramar
Quiroz subrayó el peso financiero que esto supone para el Estado, señalando que cada año el Gobierno debe destinar cerca de 500 millones de dólares para cubrir los montos que los bancos no recuperan. «Cuando alguien no paga el CAE, el que pierde es el Estado de Chile, todos los chilenos», añadió el ministro.
Respecto a los resultados de la gestión, el secretario de Estado detalló que el llamado realizado hace casi 90 días para acercarse a la Tesorería tuvo una buena recepción: cerca de 30 mil personas ya han regularizado su situación. De ese grupo, apenas 1.500 han enfrentado embargos, correspondiendo la mayoría a sueldos elevados.
¿Qué pasará con los deudores de menores ingresos?
Ante la consulta sobre posibles afectados con ingresos menores, Quiroz fue claro en su disposición de revisar estos casos: «Si hubiera gente por debajo de los 3,5 millones al mes, yo voy a conversar con Tesorería para ver de qué modo se le puede buscar una solución distinta». No obstante, cerró el punto reiterando que el objetivo principal es que la gente se acerque a reprogramar, asegurando que existen facilidades, plazos y comprensión, pero manteniendo la premisa de que las deudas deben ser pagadas.
