La Municipalidad de Peñalolén ha encendido las alarmas tras el anuncio del Gobierno sobre la exención de contribuciones para mayores de 65 años. Según estimaciones del municipio, la comuna dejará de percibir más de $1.270 millones, lo que pone en riesgo directo el financiamiento de diversos servicios esenciales para los vecinos.
El alcalde Miguel Concha lidera las críticas contra esta medida, calificándola como un «ensañamiento» hacia la administración local. El jefe comunal sostiene que la pérdida de recursos es crítica, especialmente considerando el déficit heredado por la actual gestión municipal, lo que profundiza la incertidumbre sobre la sostenibilidad del presupuesto social de la comuna.
Impacto real vs. el discurso del Gobierno
Uno de los puntos de mayor tensión en el debate es la supuesta focalización de la iniciativa. El ministro Quiroz habría justificado el impacto al señalar que las comunas más afectadas serían las denominadas «comunas ricas». Sin embargo, Concha rebatió esta postura con datos demográficos locales:
«El ministro Quiroz señaló que las principales afectadas iban a ser las ‘comunas ricas’. Pero resulta que más de la mitad de los habitantes de Peñalolén están inscritos en el Registro Social de Hogares».
El alcalde enfatizó que la baja en la recaudación es equivalente a la totalidad del presupuesto social del municipio. Para el edil, esta reducción presupuestaria se traduce en una merma directa en la calidad de vida de los habitantes, ya que afecta áreas sensibles de la gestión comunal.
¿Qué ocurrirá con los servicios municipales?
La postura del municipio es tajante: la medida, tal como está planteada, es insostenible para la realidad financiera de Peñalolén. Mientras diversos alcaldes del país se suman a las críticas contra el Gobierno por no medir correctamente las externalidades negativas de este beneficio, la preocupación central sigue siendo cómo se compensará esta falta de ingresos.
Por ahora, la Municipalidad de Peñalolén permanece a la espera de una respuesta clara desde el Ministerio de Hacienda, mientras los equipos técnicos analizan el impacto real que tendrá la pérdida de estos $1.270 millones en la ejecución de los programas sociales durante el próximo ejercicio fiscal.
