Parlamentarios de la región de Los Ríos han alzado la voz para exigir que las sanciones contra cuatro estudiantes de la Universidad Austral de Chile (UACh), involucrados en la agresión a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Linconao, sean proporcionales a la gravedad del incidente. El episodio ocurrió el pasado 8 de abril durante la ceremonia de inauguración del año académico, realizada al interior del campus Isla Teja.
Aunque la casa de estudios confirmó mediante un comunicado interno que la investigación administrativa sobre estos hechos ya concluyó, la incertidumbre persiste. A casi dos meses de lo ocurrido, aún no se conocen los castigos específicos para los cuatro alumnos implicados, ya que el proceso se encuentra actualmente en el periodo de apelación.
Voces políticas ante la violencia universitaria
El senador de la Democracia Cristiana y socio de la UACh, Iván Flores, fue enfático en señalar que el sistema no debe permitir la impunidad frente a este tipo de sucesos. Según el legislador, el uso de la fuerza es inaceptable como herramienta de presión política.
No es el camino la violencia para poder lograr objetivos, ni mucho menos la violencia para hacer valer posturas. Espero que sean sanciones en serio, porque si no, al final esta cuestión nadie la considera y van a seguir ocurriendo acciones violentas.
Por su parte, el diputado independiente vinculado a la bancada de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, coincidió en la necesidad de que la resolución final actúe como un mecanismo de desincentivo para futuras conductas violentas dentro de la comunidad universitaria. Hasta el momento, el rector de la institución, Egon Montecinos, no ha emitido declaraciones oficiales respecto a esta crisis interna.
¿Qué sigue en el ámbito judicial?
Mientras la UACh define las sanciones administrativas, el caso sigue su curso en la justicia ordinaria. La investigación a cargo de la Fiscalía mantiene a tres estudiantes formalizados por su participación en el ataque contra la secretaria de Estado. Se espera que, una vez finalizado el periodo de apelación académica y avanzado el proceso judicial, se marquen precedentes claros sobre la tolerancia frente a agresiones en recintos universitarios.
