La coalición internacional conocida como Escudo de las Américas, una instancia liderada por Estados Unidos junto a diversas naciones de la región para combatir el narcotráfico, emitió este viernes una enérgica condena ante lo que calificaron como “continuos intentos de derrocar” a la administración del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
La postura de la alianza, fundada en marzo por el mandatario estadounidense Donald Trump, responde directamente a la crisis generada por los bloqueos de carreteras que se mantienen en territorio boliviano desde el 6 de mayo. Estos cortes, según el organismo, son esfuerzos cínicos que impiden el paso de suministros críticos como alimentos y medicinas para la población.
Financiamiento y acusaciones cruzadas
En un comunicado oficial, el bloque advirtió sobre la procedencia de los recursos que sostienen las movilizaciones. Según el texto, existen sectores que financian estas protestas mediante “dinero sucio proveniente del narcotráfico”, sentenciando que todos los responsables de dichas acciones deberán “rendir cuentas” ante la justicia.
Los países miembros de Escudo de las Américas denuncian los continuos intentos de derrocar al Gobierno legítimamente elegido por abrumadora mayoría del presidente Rodrigo Paz en Bolivia.
El documento enfatiza que la anarquía no puede invalidar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas el año pasado, quienes optaron por Rodrigo Paz para terminar con dos décadas de gestiones que la coalición tilda de corruptas. Asimismo, invitaron a quienes posean demandas legítimas a canalizarlas mediante el diálogo, denunciando específicamente a figuras como el expresidente Evo Morales (2006-2019) por intentar recuperar el poder mediante el abuso de causas sociales.
Contexto crítico en Bolivia
La alianza Escudo de las Américas está compuesta por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.
En el terreno, la situación es alarmante. Los bloqueos son impulsados por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines a Evo Morales, quienes exigen la renuncia de Paz, quien asumió hace menos de siete meses. De acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo, diez personas han fallecido: siete por complicaciones derivadas de la falta de atención médica por los cortes viales y tres en enfrentamientos directos, incluyendo un manifestante abatido durante un operativo de despeje.
Ante la escalada de violencia y la advertencia internacional, la incertidumbre se mantiene sobre si el diálogo propuesto por el Ejecutivo logrará disuadir a los grupos movilizados o si el conflicto escalará a nuevas etapas de confrontación social.
