La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, lanzó una dura advertencia respecto a la propuesta gubernamental de eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda a los mayores de 65 años. La jefa comunal cuestionó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificando de imprecisas las cifras entregadas por la autoridad sobre el impacto real que esta medida tendrá en los recursos de los municipios.
¿Cuántas comunas se verían realmente afectadas?
El núcleo del conflicto radica en el alcance de la propuesta. Mientras el ministro Quiroz ha sostenido que la medida impactaría fundamentalmente a un grupo reducido de comunas de mayores ingresos, la alcaldesa San Martín desmintió tajantemente este diagnóstico durante una entrevista en Radio Pauta.
Según la jefa comunal, los cálculos del Gobierno son erróneos.
No son 12, son alrededor de 40, 50 municipios que nosotros tenemos mapeados que se verían afectados
, señaló San Martín, enfatizando que la sostenibilidad financiera de las corporaciones municipales está en juego debido a la falta de mecanismos claros para compensar los ingresos que dejarán de percibir.
Tensión en la relación Gobierno-Municipios
La postura de la alcaldesa no implica un rechazo absoluto al beneficio para los adultos mayores, una medida que reconoce como válida en su origen. Sin embargo, su crítica apunta a la gestión del Ministerio de Hacienda bajo la administración del presidente José Antonio Kast. San Martín fue enfática al exigir un trato más respetuoso hacia las autoridades locales que enfrentan actualmente un complejo escenario económico.
En un tono directo, la autoridad comunal cerró su intervención con una solicitud específica hacia el titular de Hacienda:
Yo le pediría al ministro Quiroz que modere el lenguaje
. Esta declaración refleja el clima de tensión que atraviesan los gobiernos locales, quienes advierten que la implementación de estas reformas sin un fondo compensatorio adecuado podría profundizar el déficit presupuestario en decenas de comunas a lo largo del país.
El debate sobre la sostenibilidad financiera del municipalismo sigue abierto y se espera que en las próximas semanas se definan las mesas de trabajo para analizar la viabilidad técnica de esta exención y su compensación fiscal.
