Los funcionarios técnicos del Servicio Médico Legal (SML) en Osorno han iniciado una movilización de carácter indefinido. La medida de presión surge tras el fracaso en las negociaciones con la Dirección Nacional de la institución, derivadas de la aplicación de un reciente dictamen de la Contraloría General de la República que afecta directamente el sistema de turnos de los trabajadores.
El conflicto se centra en el malestar de los funcionarios por la falta de propuestas concretas durante las mesas de diálogo. Según denunciaron, el organismo no solo ha omitido soluciones a sus demandas, sino que ha ratificado la aplicación de descuentos en sus remuneraciones, lo que terminó por detonar la paralización de actividades en el recinto.
Impacto en los servicios forenses
Claudio Quezada, vocero de los trabajadores en la sede de Osorno, entregó detalles sobre el perjuicio económico que enfrentará el personal. De acuerdo con el dirigente, se ha determinado que los funcionarios que registraron licencias médicas durante junio sufrirán descuentos equivalentes al 100% de sus remuneraciones. Asimismo, el dirigente advirtió que quienes utilizaron días de vacaciones, o tengan previsto hacerlo próximamente, también verán reducidos sus sueldos al ser considerados días no trabajados.
La paralización provocará demoras en la realización de autopsias y, por consiguiente, en la entrega de los cuerpos a sus familiares. Los cuerpos derivados al Servicio Médico Legal por orden de fiscales o médicos desde recintos asistenciales podrían enfrentar retrasos en su ingreso y procesamiento.
Ante este escenario, la operatividad del servicio se encuentra seriamente comprometida. El impacto directo recae en la gestión de cuerpos solicitada tanto por la fiscalía como por centros hospitalarios, afectando los tiempos de respuesta estándar para autopsias y los procedimientos de entrega final a los familiares de los fallecidos.
A pesar de la radicalización de la protesta, los funcionarios técnicos han subrayado que mantienen su disposición al diálogo. No obstante, responsabilizan directamente a la Dirección Nacional por la falta de respuestas claras ante las problemáticas denunciadas, manteniendo hasta el momento la incertidumbre sobre cuándo se retomará la normalidad en las funciones forenses.
