La crisis de seguridad en la zona suma un nuevo capítulo. Desde el pasado 1 de febrero, el programa de televigilancia con drones se encuentra suspendido debido a una compleja falta de financiamiento. Esta iniciativa, que originalmente fue impulsada por la Subsecretaría de Prevención del Delito y luego mantenida mediante un convenio con el Gobierno Regional (GORE) de Los Ríos, ha quedado paralizada en su ejecución operativa.
¿Por qué se detuvo el programa y qué pasará con la vigilancia aérea? Desde el GORE de Los Ríos aclararon que la situación escapaba de sus manos, señalando que el traspaso de los fondos necesarios dependía directamente de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Pese a estas gestiones, el dinero no fue transferido, impidiendo que el proyecto sea ejecutado durante todo el 2026. La delegada presidencial, Vicky Carrasco, confirmó que la iniciativa recién sería retomada en el presupuesto del 2027.
Reacción de parlamentarios ante la suspensión
La pausa indefinida del servicio causó molestia en diversos sectores políticos. El diputado de la UDI, Omar Sabat, enfatizó que la herramienta es clave para la seguridad ciudadana actual.
Lógicamente que los drones son muy importantes porque ayudan a detectar y tener prevención, que es tan importante hoy en día con todas las situaciones que estamos viviendo con la delincuencia. Espero que el Gobierno Regional apruebe recursos nuevamente al igual que la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Por su parte, el senador Iván Flores (DC) criticó la gestión de la delegación presidencial y abogó por un trabajo colaborativo entre las autoridades locales.
Es una mala noticia. Espero que el Gobierno Regional, como ya lo hizo, pueda volver a financiar. Espero que la Delegación Presidencial algún día nos invite a conversar sobre los temas que nos preocupan en la región.
El impacto de la falta de drones
Los drones no eran solo un apoyo para la vigilancia preventiva, sino que cumplían funciones estratégicas críticas. Entre sus labores destacaban la detección de tráfico de drogas, la identificación de ingresos de celulares prohibidos a la cárcel de Valdivia y el apoyo constante en las labores de búsqueda de personas extraviadas.
Actualmente, el proyecto permanece a la espera de ser integrado en el presupuesto del próximo año. ¿Lograrán las autoridades locales forzar una reasignación de fondos antes de 2027 para recuperar esta capacidad de respuesta policial?
