El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió al proyecto de un Registro de Vándalos e Incivilidades, una iniciativa planteada por el presidente José Antonio Kast durante su última Cuenta Pública. En una entrevista con CNN Chile, el jefe del Ministerio Público abordó los alcances de esta propuesta, subrayando que, aunque la considera una medida positiva para el orden público, debe ajustarse estrictamente a las normativas internacionales sobre la protección de datos personales.
Para Valencia, la implementación de este registro es una oportunidad para fortalecer el respeto a la legalidad en el país. El fiscal fue enfático al señalar que existe actualmente un desafío relevante respecto a cómo se valora la ley en Chile, por lo que apoya mecanismos que busquen desincentivar conductas contrarias a las normas cívicas.
Alcance y criterios del Registro de Vándalos
Uno de los puntos centrales del análisis de Valencia es la amplitud que debería tener esta base de datos. El persecutor planteó una sugerencia clave para ampliar la perspectiva del proyecto original:
uno esperaría también que ese registro incluyese a las personas que han cometido quizás delitos económicos o delitos de otra naturaleza.
De esta forma, el fiscal busca que la medida no se limite solo a incivilidades menores.
Al ser consultado sobre si es adecuado que la inscripción en este registro implique la pérdida de ciertos derechos sociales, Valencia defendió la necesidad de establecer normas que incentiven y desincentiven comportamientos específicos. Según el fiscal, es fundamental fomentar una cultura de cumplimiento que prevenga escaladas delictuales.
Teoría de las ventanas rotas
El jefe del Ministerio Público recordó la validez de la teoría de las ventanas rotas, argumentando que la evidencia sugiere que las pequeñas infracciones e incivilidades actúan como un terreno fértil para el surgimiento de delitos de mayor gravedad. En sus palabras,
las pequeñas infracciones, las pequeñas incivilidades, también conducen a grandes delitos.
Actualmente, el proyecto permanece en la esfera del debate público y político. La proyección de esta iniciativa dependerá de cómo se logre compatibilizar la seguridad ciudadana con las garantías constitucionales de privacidad. ¿Logrará el Congreso integrar una visión que abarque tanto las incivilidades urbanas como los delitos económicos, tal como sugiere el Ministerio Público?
