El clima social en Bolivia se ha tornado crítico tras cuatro semanas de movilizaciones, bloqueos de carreteras y disturbios que tienen como epicentro a la ciudad de La Paz. El descontento ciudadano, originado por recortes de gastos y la reducción de subsidios a los combustibles implementados por el presidente Rodrigo Paz, ha escalado hasta registrar cuatro víctimas fatales, entre ellas un menor de 12 años que no pudo acceder a atención médica urgente debido a las interrupciones en el tránsito.
¿Qué hay detrás de las protestas en Bolivia?
El gobierno de Rodrigo Paz sostiene que tras el conflicto existen motivaciones políticas. El 20 de mayo, el canciller Fernando Aramayo denunció un presunto golpe de Estado, señalando directamente al expresidente Evo Morales como el impulsor de actos de “sedición” contra el Ejecutivo. Según el analista boliviano Bernardo Pacheco, académico de la Universidad de los Andes (Uandes), las manifestaciones han sido lideradas por movimientos sindicales, obreros y campesinos, dejando a la capital sin suministros básicos de alimentos y energía.
El experto subraya que, aunque las demandas iniciales son económicas, el trasfondo político es innegable. Pacheco afirma: “Evo Morales, con sus intervenciones, ha mostrado tener una parte en la organización de estos conflictos”. Esta inestabilidad ha tenido un impacto financiero inmediato: el riesgo país alcanzó los 605 puntos básicos este martes, marcando un incremento de 227 puntos desde el 1 de mayo, posicionándose como el segundo más alto de toda Latinoamérica según el índice EMBI de JPMorgan.
El uso del estado de excepción y las Fuerzas Armadas
Ante la escalada de violencia, el Congreso boliviano tomó una decisión clave: derogar la Ley 1341 de “Estados de Excepción”. Esta normativa, instaurada tras la salida de Morales en 2020, establecía límites estrictos y mecanismos de control para el uso de militares en conflictos internos, restringiendo su accionar a un tope de 60 días y solo cuando la policía fuera superada. La nueva disposición, ya promulgada en la Gaceta Oficial por Rodrigo Paz, elimina estas restricciones.
El presidente aún quiere utilizar el diálogo; sin embargo, ya tiene la herramienta. El sistema político le ha dado todo el pase para que pueda hacerlo, sostiene Bernardo Pacheco.
Aunque la promulgación no implica automáticamente un estado de excepción, entrega al mandatario atribuciones constitucionales para desplegar al ejército en caso de que la crisis se agudice. El panorama sigue siendo incierto mientras Evo Morales advierte que al gobierno le restan dos caminos: “una decisión suicida como militarizar o finalmente cumplir la pacificación y transición, con una elección en los próximos 90 días”. Por ahora, el país permanece en una tensa calma, a la espera de si el Ejecutivo optará finalmente por la fuerza o mantendrá los esfuerzos por una salida dialogada.
