Una serie de presuntas irregularidades administrativas y académicas en el Centro de Formación Técnica Estatal de Atacama (CFT Atacama) han encendido las alarmas en el ámbito legislativo. El diputado del Partido Republicano (REP) por el Distrito 4, Ignacio Urcullú, presentó oficios formales ante la ministra de Educación, María Paz Arzola, y la Subsecretaría de Educación Superior, exigiendo explicaciones sobre el uso de recursos públicos y la calidad educativa en la institución.
Entre los puntos denunciados por el parlamentario, destaca la cuestionada gestión del rector, quien percibiría una remuneración cercana a los $7.000.000 mensuales pese a registrar ausencias reiteradas. A ello se suman quejas por sueldos elevados a directivos sin un desempeño proporcional, la rebaja unilateral de la hora docente de $12.000 a $8.000 —lo que provocó la salida de profesionales calificados— y el abandono del proceso de acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), proceso obligatorio bajo la Ley N° 20.129.
Denuncias por malos tratos y gestión cuestionada
El diputado Urcullú, quien participó en la inauguración del centro durante su gestión como gobernador de Chañaral, señaló que ha recopilado antecedentes que apuntan a una administración alejada de la legalidad vigente. Según el legislador, las denuncias incluyen maltrato entre docentes y hacia los alumnos, además de hostigamiento por parte del equipo directivo.
"Hemos recibido denuncias de malos tratos, tanto de los docentes como hacia los alumnos, entre los docentes y de la parte directiva y administrativa hacia el resto del plantel", afirmó el parlamentario.
El concejal de Chañaral, Luis Campusano, ha sido una pieza clave al facilitar documentación sobre despidos injustificados y el incremento injustificado en sueldos de ciertos funcionarios, antecedentes que ya se encuentran bajo escrutinio tras el oficio enviado al ejecutivo.
Crisis educacional en Atacama: ¿Por qué falla el modelo?
Más allá del CFT, el diputado extendió su crítica al estado general de la educación en la zona, comparando la situación con el fracaso del Servicio Local de Educación Pública (SLEP). Urcullú fue tajante al señalar que la región funcionó como un "conejillo de indias" para este sistema, dejando infraestructura escolar en estado de abandono.
Actualmente, el legislador ha oficiado a la Seremi de Educación para conocer el nivel real de deterioro de los establecimientos. Ante el hecho de que alumnos deben desplazarse a otros recintos y cumplir jornadas reducidas, el parlamentario busca establecer soluciones urgentes para garantizar que los estudiantes no pierdan más días de clases. La respuesta de las autoridades ministeriales marcará el futuro de estas instituciones que, hoy, se encuentran en una profunda crisis de confianza.
