Bolivia se enfrenta a un desafío crítico: lograr un consenso nacional sobre el litio antes de la cumbre programada para junio de 2026. Tras el fracaso de tres grandes proyectos de inversión —de origen alemán, chino y ruso— en el Salar de Uyuni, diversas organizaciones y académicos buscan establecer un marco regulatorio que otorgue seguridad jurídica tanto a las comunidades locales como a los futuros inversores.
Representantes de la Fundación Solón, actualmente en Bruselas, advierten sobre la complejidad del extractivismo. Según José Carlos Solón, especialista de la entidad, no existe una forma de extraer este mineral sin impacto ambiental, por lo que las organizaciones de Potosí —donde se ubica el yacimiento más grande del mundo— han trabajado durante tres décadas en una propuesta de ley que garantice salvaguardas mínimas.
Tensiones entre el Gobierno y la sociedad civil
El panorama se complica debido a las acusaciones del Gobierno boliviano, que señala a la Fundación Solón y otras cuatro organizaciones de buscar la desestabilización del país con financiamiento europeo. Esta fricción surge tras la oposición de estas entidades a la denominada Ley 1720, recientemente invalidada tras masivas protestas.
Pablo Solón, exembajador ante la ONU, explica que dicha ley fue rechazada porque no contó con la debida consulta a pueblos indígenas y campesinos, favoreciendo intereses del sector agroempresarial. Según el experto, la norma permitía el blanqueo de tierras al convertir pequeñas propiedades en medianas de forma inconstitucional, lo que amenazaba el patrimonio familiar y comunal.
La postura de la Unión Europea
La Unión Europea ha mostrado interés en apoyar este proceso, viendo una oportunidad para que Bolivia atraiga inversión bajo estándares ambientales y de derechos humanos. Sin embargo, la situación genera contradicciones. Magdalena Bordagorry, de la Red EU-LAT, lamenta que, a pesar de que el diálogo político fue relanzado recientemente con un foco en el litio, el Ejecutivo boliviano ahora trate como sospechosas a las organizaciones que monitorean el cumplimiento de derechos.
Estamos a punto de presentar una propuesta de ley consensuada. Si no toman en cuenta el consenso que se presentará en Uyuni, se va a generar una conflictividad que, lejos de atraer inversiones, las va a ahuyentar, advierte Pablo Solón.
Con un escenario social marcado por demandas de salarios, combustible, educación y salud, el mensaje de los especialistas es claro: el futuro del litio en Bolivia depende de un diálogo real y una consulta efectiva. De ignorarse este consenso, el país arriesga un nuevo ciclo de inestabilidad que alejaría a los mercados internacionales interesados en la transición energética.
