La justicia de Estados Unidos tomó medidas contra los abusos de autoridad en operativos migratorios. La Fiscalía de Minesota presentó este lunes cuatro cargos en contra de Christian Castro, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de 52 años. Se le acusa formalmente de haber disparado y herido al ciudadano venezolano Julio C. Sosa-Celis durante la denominada Operación Metro Surge.
Este operativo es recordado como la campaña de mayor envergadura ejecutada por el Departamento de Seguridad Nacional, la cual desplegó a cerca de 4.000 agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza en el estado de Minesota. Las acusaciones contra Castro incluyen el delito grave de agresión en segundo grado y un cargo por denuncia falsa, tipificado como delito menor, según informó The New York Times.
Detalles del incidente y tensiones legales
El hecho ocurrió el pasado 14 de enero. Sosa-Celis sufrió una herida en la pierna, convirtiéndose en una de las tres personas baleadas por los federales durante la intervención. Cabe recordar que este operativo también dejó un saldo trágico con el fallecimiento de los ciudadanos Renee Good y Alex Prett tras recibir disparos de los oficiales.
La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, fue tajante al respecto de la jurisdicción del caso:
Su placa federal no lo exime de los cargos estatales por su conducta delictiva en Minesota.
A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional argumentó que las autoridades locales carecen de potestad para procesar a agentes federales —invocando la Cláusula de Supremacía de la Constitución—, los funcionarios estatales insisten en que dicha protección no es absoluta y no puede ser utilizada para encubrir la criminalidad.
El trasfondo de una operación controvertida
La investigación que identificó a Castro fue compleja. Los investigadores estatales habrían escuchado a agentes del FBI mencionar su nombre en el lugar de los hechos poco después del tiroteo. Aunque la identidad fue corroborada, las autoridades federales aún no han confirmado oficialmente que fuera el acusado quien percutó el arma.
Un punto clave que ha generado dudas sobre el actuar policial es que Sosa-Celis y su compañero de apartamento, el también venezolano Alfredo A. Aljorna, fueron inicialmente acusados de delitos federales graves. Sin embargo, dichos cargos fueron retirados posteriormente al no sustentarse la tesis oficial de que el incidente representaba un intento de asesinato contra un agente federal.
Mientras el caso avanza, el clima en Minesota sigue tenso debido a las multitudinarias protestas que provocó el operativo. La resolución de este juicio será un termómetro crítico sobre si los agentes federales pueden ser efectivamente juzgados por cortes locales cuando, en el ejercicio de sus funciones, vulneran los derechos de los civiles.
