Con un respaldo de 24 votos a favor, 6 en contra —correspondientes a la oposición— y 11 abstenciones, la Sala del Senado dio luz verde en general al proyecto de ley conocido como “Escuelas Protegidas”. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, pretende establecer nuevos protocolos de orden y seguridad en los establecimientos educacionales del país, los cuales han sido escenario de episodios de violencia en el último tiempo.
El debate legislativo continúa este martes, jornada en la que el articulado será revisado en particular. Una vez superada esta etapa, el texto deberá trasladarse a la Cámara de Diputadas y Diputados para el tercer y último trámite constitucional. Dado que el proyecto cuenta con discusión inmediata, se espera un avance ágil para implementar medidas que incluyen sanciones por interrupción de clases y nuevos requisitos para acceder a beneficios como la gratuidad.
¿Qué establece el proyecto de Escuelas Protegidas?
De acuerdo con el informe de la Comisión de Educación, la propuesta entrega facultades específicas a los sostenedores para incorporar la revisión de mochilas, bolsos y otros efectos personales en los reglamentos internos. Este mecanismo tiene como propósito central prevenir el ingreso, porte o uso de elementos destinados a agredir a la comunidad o dañar la infraestructura escolar.
La normativa es estricta respecto a los límites de esta medida: las revisiones deben ser fundadas, individualizadas y verificables. Están expresamente prohibidos los procedimientos sistemáticos basados en perfiles específicos, ya sea por características étnicas, sociales, migratorias, de género, orientación sexual, apariencia, condición socioeconómica o necesidades educativas especiales.
Para garantizar el respeto a la dignidad del estudiante, se establece lo siguiente:
- Se debe evitar cualquier contacto físico o exposición innecesaria, realizándose en lugares especialmente designados.
- Queda estrictamente prohibido obligar a un alumno a desnudarse o realizar registros corporales.
- Las revisiones deben contar con la presencia de al menos dos adultos del establecimiento, uno de los cuales debe integrar el equipo de convivencia escolar.
- Ante la negativa de un estudiante a mostrar el contenido de sus bolsillos, se deberá contactar a los padres o apoderados para que procedan a la revisión.
En caso de que el apoderado persista en la negativa del estudiante, deberá retirar las pertenencias del recinto y el sostenedor informará a la Oficina Local de la Niñez. Si el adulto responsable no se presenta, el colegio deberá dar aviso a Carabineros o a la Policía de Investigaciones (PDI) para que actúen conforme a sus facultades.
Finalmente, los establecimientos podrán regular el uso de accesorios que impidan la identificación facial, salvo excepciones por motivos de salud, climáticos, culturales, religiosos o necesidades de regulación emocional. Tras la votación particular de mañana, el Congreso definirá el destino final de esta ambiciosa reforma escolar.
