El Gobierno de José Antonio Kast ha puesto en marcha una ambiciosa reforma al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). El objetivo central de la iniciativa es entregar mayor certeza jurídica a las empresas y reducir los tiempos de tramitación, un paso clave dentro de la denominada agenda de permisología que busca destrabar proyectos de inversión en el país.
La propuesta ha generado un intenso debate en el Congreso, donde se discute cómo acelerar la evaluación de proyectos y optimizar los procesos administrativos sin comprometer el resguardo ecológico. Mientras el Ejecutivo insiste en que el sistema ganará en robustez técnica, desde la oposición han surgido alertas sobre el riesgo de una eventual flexibilización de la institucionalidad ambiental.
La postura del Ejecutivo y el rol de Medio Ambiente
El subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, se convirtió en la voz principal del Gobierno para calmar las aguas. La autoridad defendió la necesidad de alcanzar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de los ecosistemas, argumentando que la modernización no implica descuidar la normativa vigente.
Nosotros como Gobierno creemos profundamente en el desarrollo sustentable. Creemos que el país tiene que desarrollarse, tiene que crecer, pero cuidando el medio ambiente. No vamos a descuidar los estándares ambientales, sino que nos vamos a preocupar de que los procedimientos sean más ágiles, pero sin que pierdan robustez.
Esta declaración busca frenar los cuestionamientos ante la creciente judicialización y los retrasos que han afectado diversas inversiones estratégicas en el último tiempo.
Reacciones desde el Congreso: ¿Qué opinan los parlamentarios?
En el plano legislativo, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, el diputado Guillermo Ramírez (UDI), entregó su respaldo a la reforma. Según el parlamentario, las modificaciones apuntan a eliminar trabas administrativas que han paralizado proyectos por años.
«Las reformas al Servicio de Evaluación Ambiental que está presentando el Gobierno, lo que buscan es fomentar la inversión, dar más seguridad jurídica, reducir la permisología y eso, por supuesto, que es un objetivo noble. Estas medidas, si bien van en ese sentido correcto, se pueden mejorar», señaló Ramírez durante la sesión.
Por otro lado, el diputado socialista Raúl Leiva reconoció que existe un consenso transversal sobre la necesidad de hacer más eficiente el sistema. Leiva destacó el avance en las normas relacionadas con permisos sectoriales, aunque enfatizó la importancia de gestionar políticamente los plazos internos del SEA.
«Sin lugar a dudas hay espacios de mejoras en las brechas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ahora también es importante poder acotar esos plazos con la gestión política que se está desarrollando», subrayó el diputado.
Actualmente, el proyecto del denominado “SEA 2.0” se mantiene en trámite legislativo, enfrentando el desafío de convencer a todos los sectores de que es posible crecer sin sacrificar el patrimonio natural. La interrogante que queda abierta para los próximos meses es si esta reforma logrará, en la práctica, armonizar la inversión con la exigente protección ambiental que demanda la ciudadanía.
