A dos meses de abandonar La Moneda y retomar su ejercicio como abogado, el exministro Luis Cordero mantiene una mirada crítica sobre la actual gestión del gobierno en materia de seguridad. Desde su oficina en Santiago Centro, el también académico advierte que el Ejecutivo tiene ante sí el reto de superar el discurso electoral para enfocarse en el cumplimiento de los mandatos legales heredados de la administración anterior.
Para Cordero, el foco debe estar en la implementación eficiente de leyes clave, tales como la Ley de Seguridad Municipal, la Ley de Seguridad Privada y la reforma constitucional que modifica la dependencia de Gendarmería. Según su análisis, estas normativas requieren una modernización global y una gestión pública que trascienda los periodos presidenciales.
La seguridad como política de Estado
El exsecretario de Estado enfatiza que el objetivo central de la administración previa fue tratar la seguridad pública como una política de Estado, un proceso que incluyó la creación del Ministerio de Seguridad como entidad separada.
“No es simplemente la agenda de la campaña, sino que también el cumplimiento de los mandatos de la nueva legislación para avanzar”, afirma el abogado.
Al ser consultado sobre si el actual gobierno posee una hoja de ruta clara, Cordero subraya la relevancia de los seis ejes estratégicos establecidos por ley: prevención en niñez y adolescencia, prevención territorial, control del delito, persecución penal, reinserción y sanción, y atención a víctimas. El desafío, asegura, es definir estrategias bianuales con indicadores medibles que permitan evaluar el avance en temas críticos como la reducción de homicidios.
Violencia escolar y crimen organizado
Más allá de la gestión institucional, Cordero aborda con preocupación la crisis de convivencia en liceos emblemáticos, señalando que los casos de violencia escolar no deben ser tratados bajo una lógica uniforme. En cuanto al fútbol, reitera su diagnóstico sobre la estructura de los denominados “piños”, advirtiendo que estas facciones actúan como espacios de reclutamiento para organizaciones criminales.
Finalmente, respecto a los cuestionamientos por su vinculación docente con la Academia de Ciencias Policiales, Cordero aclara que su labor académica es previa y se rige por procesos de oposición. Sobre la agenda de Derechos Humanos, concluyó enviando un mensaje directo a las actuales autoridades: frente a las víctimas, el representante es el Estado de Chile y no un gobierno de turno.
