El presidente José Antonio Kast ha cimentado su estrategia económica en una premisa clara: devolverle el dinamismo a la inversión en Chile. Bajo el lema de destrabar, agilizar y acelerar, el Ejecutivo busca remover las barreras burocráticas que, según el mandatario, han frenado el desarrollo del país durante años. Ante empresarios y gremios de la construcción, Kast confirmó que ya se han ingresado proyectos por un total de $22 mil millones de dólares al sistema de evaluación ambiental, extendiendo una invitación abierta al sector privado para convertir a Chile en un socio estratégico.
Cifras del boom inversor y agilidad administrativa
La prioridad gubernamental está puesta en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el Comité de Ministros. Entre el 11 de marzo y el 14 de mayo, se han aprobado 43 iniciativas que suman US$9.757 millones. Dentro de los proyectos de mayor envergadura destacan la Desaladora Aguas Marítimas en Antofagasta (US$5.000 millones), la Línea 8 del Metro de Santiago (US$1.899 millones), la extensión del Metro Valparaíso-Quillota-La Calera (US$811 millones), el almacenamiento energético Águila Mora (US$336 millones) y la modificación del Proyecto Aconcagua (US$280 millones).
Además, entre el 11 de marzo y el 11 de mayo, ingresaron al sistema 58 proyectos por un valor de US$22.258 millones, lo que el Ejecutivo cataloga como el mayor volumen registrado al inicio de una administración. Entre ellos destacan la continuidad de Minera El Abra (US$7.500 millones) y expansiones de Minera Escondida (US$5.000 millones).
El debate sobre la institucionalidad ambiental
La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, ha liderado los esfuerzos para reactivar el Comité de Ministros, que se ha reunido cuatro veces en dos meses. El objetivo es reducir en un 30% los tiempos de tramitación, bajo la premisa de que una gestión ágil no implica relajar la normativa. Arturo Farías, director ejecutivo del SEA, respalda este enfoque:
«Esto ha sido en base al mandato claro que tenemos como institución, que es agilizar la evaluación ambiental, pero sin reducir las exigencias que nuestro marco legal nos ha dado»
.
Sin embargo, la estrategia no está exenta de críticas. El diputado Jaime Araya (PPD) advierte sobre la tentación de sacrificar rigurosidad técnica en pos de la velocidad, mientras que el diputado Jaime Bassa (FA) cuestiona el enfoque político del gobierno:
«Este Gobierno mira la institucionalidad ambiental como un obstáculo para la inversión y no como una garantía para las personas y los ecosistemas»
. La polémica también ha alcanzado al propio Kast, tras sus cuestionamientos a la Ley de Humedales.
Próximos pasos en la Ley de Reconstrucción
La tensión se traslada ahora a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, donde se debate la fase ambiental de la Ley de Reconstrucción y los cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La propuesta gubernamental de restituir gastos si una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es anulada ha generado fuerte rechazo parlamentario.
Mientras el debate legislativo continúa con la votación de cerca de 200 indicaciones, el Comité de Ministros mantiene su agenda acelerada. El próximo 18 de mayo, la instancia volverá a sesionar para evaluar cuatro proyectos adicionales que suman US$2.848 millones, incluyendo el Proyecto Minero Ciclón Exploradora (US$125 millones), la planta de hidrógeno Volta (US$2.500 millones), Urbanya Etapa 1 (US$203 millones) y la regularización de la Parcelación Punta Puertecillo (US$20 millones).
