Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó que la inflación de Argentina alcanzó un acumulado del 12,3% en el primer cuatrimestre del año. Esta cifra deja en evidencia que el Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso en septiembre de 2025 ha quedado obsoleto, pues la meta oficial de inflación anual para 2026 era del 10,1%, un techo que ya fue superado antes de llegar a la mitad del periodo.
La inercia que el plan económico no pudo frenar
El desfasaje en los números no sorprende a los expertos, quienes ya advertían sobre una inercia inflacionaria difícil de controlar. Según explica Haroldo Montagu, economista jefe de la consultora Vectorial y exfuncionario del Ministerio de Economía, existe un piso de inflación estructural que oscila entre el 2% y el 2,5% mensual.
Todavía hay una arquitectura de contratos indexados que hace muy difícil que la inflación se desacelere por debajo de este piso. Eso no funciona así en Argentina, no funcionó así en el pasado.
Este fenómeno se explica por la red de contratos y servicios indexados a la inflación pasada, como alquileres, tarifas de servicios públicos, prepagas, jubilaciones y bandas cambiarias. Además, un factor externo imprevisto, el conflicto en el Estrecho de Ormuz, elevó los precios internacionales del petróleo, lo que empujó la inflación de marzo al 3,4%, superando las previsiones iniciales.
¿Error de cálculo o una estrategia política?
Para Martín Epstein, politólogo del Centro CEPA, existen dos lecturas sobre por qué el Gobierno proyectó una cifra tan baja. Desde lo técnico, se subestimó la dinámica del segundo semestre de 2025. Desde lo político, una meta de inflación reducida funciona como un ancla para las expectativas, pero también entrega un margen de discrecionalidad al Ejecutivo.
Epstein detalla que, al ajustar partidas con una proyección del 10%, cualquier inflación que exceda ese número le otorga al gobierno mayor capacidad de maniobra para reasignar fondos. Partidas no indexadas, como los presupuestos de organismos descentralizados, el financiamiento universitario, los sueldos públicos y las transferencias a provincias, sufren una licuación silenciosa ante la realidad inflacionaria.
Impacto en los bolsillos y riesgos sociales
El impacto sobre los hogares es severo. Montagu advierte que la caída del poder adquisitivo está forzando a las familias a endeudarse, con niveles de mora bancaria en aumento. A esto se suma que el bono fijo para jubilados de 70.000 pesos argentinos (cerca de 50 dólares) permanece congelado desde hace dos años.
De cara al segundo semestre, el panorama presenta una tensión creciente: si la inflación anual cierra cerca del 30% o 35%, como prevén los privados, el recorte real del gasto público será drástico. La gran interrogante que plantea Epstein es hasta qué punto la sociedad podrá tolerar este ajuste, especialmente en un contexto donde la recaudación lleva entre nueve y diez meses de contracción real.
