Un revés judicial inesperado
El proyecto Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi sufrió un duro golpe tras el fallo del Segundo Tribunal Ambiental. La entidad decidió anular la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada originalmente a fines de 2021, ordenando retrotraer su tramitación para someter a revisión cuestionamientos técnicos respecto a los impactos en el medio humano y marino.
Esta medida judicial se materializa justo cuando el Ejecutivo impulsa una ley miscelánea destinada a combatir la denominada “permisología” y entregar mayor certeza jurídica a las grandes inversiones. Fuentes del sector industrial sostienen que el impacto es mayor de lo esperado, considerando que la minera ya ha ejecutado cerca del 90% de la inversión estimada de US$3.200 millones.
Alcance y estado de la obra
La iniciativa, que contaba con luz verde desde hace casi cinco años, buscaba principalmente extender la vida útil del yacimiento por dos décadas, elevar los niveles de producción y optimizar el consumo hídrico mediante la construcción de una planta desaladora. Este componente resulta fundamental para la estrategia de la compañía, ya que permite reducir drásticamente el uso de agua continental en sus operaciones.
Tras obtener su RCA, la compañía avanzó significativamente en la construcción de esta planta desaladora, la cual representa la piedra angular del proyecto C20+. El hecho pone en jaque la continuidad operativa planificada, dejando en una posición compleja tanto a la empresa como a los esfuerzos del Gobierno por destrabar proyectos de infraestructura de gran escala bajo el plan de Reconstrucción Nacional.
La postura de Collahuasi
Frente a la sentencia, la compañía informó de manera oficial que se encuentra actualmente evaluando las acciones legales pertinentes para intentar revertir el dictamen. La empresa puntualizó que el fallo ordena al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) retrotraer el proceso administrativo exclusivamente para realizar un nuevo análisis acotado a las observaciones vinculadas con el medio humano y el medio marino.
La situación ha generado ruido en la industria, dado que la incertidumbre regulatoria se contrapone con la intención gubernamental de agilizar los permisos para grandes inversiones. Por ahora, el proyecto se mantiene en un limbo administrativo mientras la minera define su estrategia jurídica ante este freno imprevisto en sus obras avanzadas.
