Una multitudinaria marcha de mineros asociados a cooperativas logró paralizar este martes la ciudad de La Paz. Los manifestantes exigen al Gobierno de Bolivia soluciones urgentes ante la falta de suministros básicos para sus labores, específicamente la provisión de combustible y explosivos necesarios para la operación minera.
La movilización comenzó en la ciudad de El Alto y se desplazó hacia la capital, donde se encuentran los poderes Ejecutivo y Legislativo. Durante el trayecto, los manifestantes hicieron explotar cargas de dinamita y activaron petardos de manera constante. La tensión escaló cuando algunos participantes respondieron con golpes e insultos a transeúntes que cuestionaban la protesta, la cual derivó en la interrupción total del tránsito vehicular y el cierre forzoso de diversos comercios.
Demandas y el contexto de la crisis
Ladislao Prado, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin), justificó la movilización al declarar que su sector lucha por lo que llamó “demandas justas y necesarias” y por la protección de la “institucionalidad” de su organización.
Prado señaló que su protesta difiere de las demandas de la Central Obrera Boliviana (COB), organización sindical que desde la pasada semana reclama un aumento salarial del 20 % y también pide la renuncia del presidente Rodrigo Paz, algo que igualmente exigen campesinos del departamento de La Paz mediante bloqueos de carreteras en el altiplano desde hace nueve días.
El dirigente marcó una clara distancia respecto a otros sectores movilizados, buscando focalizar el descontento exclusivamente en las necesidades técnicas de los cooperativistas mineros.
Enfrentamientos en la Casa Grande del Pueblo
El punto crítico de la jornada ocurrió cerca de la Casa Grande del Pueblo, la sede del Ejecutivo boliviano. Los manifestantes intentaron derribar una barrera policial reforzada con estructuras metálicas. Ante la presión, la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a quienes lanzaban cargas de dinamita.
Estos choques, que se prolongaron por más de dos horas, resultaron en al menos dos personas arrestadas, a pesar de que dirigentes del sector ya se encontraban dentro del edificio gubernamental en reuniones con las autoridades. Este escenario de conflicto refleja la fragilidad actual del gobierno, que enfrenta una ola de protestas simultáneas protagonizadas por maestros, transportistas, indígenas y trabajadores en general, cuyos reclamos varían desde aumentos salariales hasta la oposición a la privatización de empresas públicas. Mientras persisten los bloqueos en el altiplano, el clima de inestabilidad social sugiere que las movilizaciones podrían intensificarse en los próximos días si no se alcanzan acuerdos concretos con los sectores movilizados.
