La oposición unificó criterios para defender la acusación constitucional presentada contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en respuesta a las reducciones de condena aplicadas a individuos sentenciados por delitos sexuales contra menores y violaciones a los derechos humanos. Los parlamentarios señalaron al secretario de Estado por presuntas infracciones a la ley y por entregar información errónea al Congreso, además de cuestionar al presidente José Antonio Kast por mantenerlo en su cargo.
El libelo acusatorio, que contiene 189 páginas y tres capítulos, fue ingresado por diputados que destacaron la coordinación lograda entre los distintos partidos de la oposición. Hicieron un llamado al resto de las bancadas para que respalden esta iniciativa. El diputado socialista Raúl Leiva enfatizó que la acusación surge de una convicción política y jurídica compartida por todo el bloque opositor.
“Este es un hecho inédito que ha permitido articular a toda la oposición con la convicción jurídica y política de que estamos haciendo lo correcto”, afirmó Leiva, expresando su confianza en que la Cámara Baja aprobará la acusación.
Desde el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider criticó directamente al Ejecutivo, acusando que “el gobierno del presidente Kast, a través del ministro Rabat, le dio la espalda a las víctimas”. Schneider también sostuvo que el ministro habría entregado información falsa durante sus explicaciones ante el Congreso, por lo que exigió la determinación de las responsabilidades correspondientes.
El diputado comunista Marco Barraza detalló que la acusación se fundamenta en tres capítulos principales: las rebajas de condena a agresores sexuales de menores, los beneficios otorgados a condenados por violaciones a los derechos humanos y un posible incumplimiento del deber de probidad. Sobre este último punto, Barraza acusó a Rabat de vulnerar el artículo 8 de la Constitución al proporcionar información que, según los parlamentarios, no se ajustaba a los antecedentes conocidos.
La diputada PPD Andrea Parra también cuestionó los argumentos presentados por Rabat para justificar las decisiones del Ministerio de Justicia. “La Corte Suprema nunca obligó al ministro Rabat a tomar las decisiones que tomó”, afirmó, recalcando que el secretario de Estado debía actuar dentro del marco legal. Leiva, por su parte, añadió que el ministro enfrenta una investigación de Contraloría y denuncias ante el Ministerio Público, además de la actual responsabilidad constitucional.
Las críticas se extendieron al presidente José Antonio Kast, a quien los parlamentarios reprocharon no haber solicitado la renuncia de Rabat a pesar de la controversia. El diputado del FA Jorge Brito fue claro al señalar que, si el mandatario decidió mantener al ministro, es tarea del Congreso decidir sobre su continuidad. “Si el presidente Kast lo ratificó, este Congreso lo debe sacar”, sentenció Brito, asegurando que Rabat tendrá la oportunidad de defenderse durante el proceso de la acusación.
En un llamado a la unidad, el diputado Luis Malla instó a los parlamentarios de todas las bancadas a apoyar la iniciativa, argumentando que el foco del debate debe estar en las víctimas y no en las diferencias políticas. La diputada Daniela Serrano defendió el tiempo dedicado a la elaboración del documento, destacando que fue un trabajo coordinado y responsable. Se espera que la acusación constitucional sea formalmente presentada en la Cámara el próximo lunes, dando inicio a su tramitación legislativa.
