Nueva medida busca transparentar el padrón migratorio
La intención del Ejecutivo es clara: el control migratorio requiere de información precisa. Por ello, se ha presentado una indicación en el marco del proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas, la cual obliga a instituciones de salud, previsionales y de educación a reportar a los migrantes irregulares ante la autoridad.
Esta propuesta, dada a conocer inicialmente por La Segunda, establece la obligatoriedad para todo órgano de la Administración del Estado, instituciones privadas o públicas y organismos de salud o previsionales, de entregar antecedentes críticos como el domicilio, número de teléfono y correo electrónico de extranjeros que se encuentren bajo procedimientos migratorios en curso.
La postura de José Antonio Kast
El Presidente José Antonio Kast defendió esta iniciativa subrayando la necesidad de gestión estatal. Según el mandatario, el sistema requiere una organización urgente para conocer quiénes son los usuarios efectivos de los servicios públicos, señalando que la multiplicidad de sistemas de identificación actuales —como RUTs o números especiales en salud y educación— debe ser unificada.
El Estado en general, los gobiernos, entregan muchas prestaciones y eso se debe ir ordenando y la única manera de ordenar es saber quiénes utilizan los distintos servicios públicos, sostuvo Kast.
El Presidente hizo énfasis en que el sistema de salud se encuentra actualmente superado. Argumentó que el per cápita existente no alcanza para cubrir la demanda en consultorios, una situación que, a su juicio, se replica en el ámbito educativo. Por ello, el Ejecutivo insiste en que el Estado debe hacerse cargo de este ordenamiento, especialmente ante la llegada de familias con menores de edad.
Antecedentes de la indicación
La propuesta fue presentada durante una sesión legislativa por el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, junto al subsecretario del Interior, Máximo Pavez. Con esta medida, el Gobierno busca obtener la información necesaria para el control administrativo de los extranjeros, defendiendo que el ciudadano común comprende la lógica detrás de estos procedimientos de expulsión. El Ejecutivo concluyó que este cambio es fundamental para la transparencia en el uso de los recursos del Estado.
