Tras una extensa sesión extraordinaria que superó las 4 horas de deliberación, el Consejo Regional de Arica y Parinacota dio luz verde al financiamiento necesario para iniciar la erradicación y demolición del Cerro Chuño. La medida, que busca abordar la crisis de seguridad y los altos índices delictuales en el sector, permitirá destinar $3.292 millones provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
La votación final culminó con 9 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Este proyecto, denominado oficialmente “Saneamiento programa demolición Cerro Chuño, Etapa 1”, marca un hito administrativo tras años de denuncias sobre la ocupación irregular y el aumento de la criminalidad en la zona.
El gobernador regional, Diego Paco Mamani (RN), quien presidió la instancia, defendió la inversión como una respuesta directa a las demandas de la comunidad.
Nos pedían cuando íbamos a tomar decisiones para poder demoler Cerro Chuño, queremos ser parte de la proactividad y regionalismo, para eso nos escogió la ciudadanía y las personas de nuestra región.
Voces dispares en el Consejo Regional
Pese a la aprobación del presupuesto, la decisión no estuvo exenta de fricciones políticas. Algunos consejeros regionales manifestaron su disconformidad con el origen de los fondos, argumentando que la responsabilidad financiera debería recaer en el nivel central y no en el presupuesto regional.
El consejero Óscar Pantoja (PL) fue enfático en su crítica, señalando que la medida es una “falta de respeto a la región” y lamentando que Arica continúe operando como el “patio trasero de un país”. Esta postura fue compartida por la consejera Denisse Morales (IND-PS), quienes sostuvieron que es el Gobierno central el organismo que debe financiar el plan de erradicación.
¿Qué sigue tras la aprobación de los fondos?
Con la resolución aprobada, la Delegación Presidencial confirmó que procederá a la ejecución inmediata del plan. La fase inicial de este proceso contempla la expulsión administrativa de 141 ciudadanos extranjeros que actualmente ocupan el terreno.
El éxito de esta intervención es visto como una prueba de fuego para las autoridades locales y nacionales en su lucha por recuperar espacios tomados por el crimen organizado. La comunidad ariqueña ahora se mantiene atenta a los plazos reales de desalojo y al inicio de las obras de demolición que transformarán definitivamente el polémico sector del Cerro Chuño.
