Una grave acusación sacude a la minera estatal. El diputado Jaime Mulet (FREVS) presentó una denuncia criminal contra Codelco, tras revelarse antecedentes que sugieren que la empresa habría manipulado sus cifras de producción del año 2025. El objetivo de este supuesto ilícito habría sido cumplir con las metas corporativas y, de esta forma, gatillar el pago de bonos tanto a ejecutivos como a trabajadores de la estatal.
El conflicto surge a raíz de una auditoría interna que dejó a la minera en el ojo del huracán. El informe detectó que 20 mil toneladas de cobre reportadas por la compañía en 2025 no presentan coherencia técnica, a pesar de que los documentos oficiales aseguran que las metas operativas fueron alcanzadas sin inconvenientes. Ante este escenario, el parlamentario decidió judicializar el caso para que el Ministerio Público determine si existió una decisión deliberada, coordinada o tolerada por la alta administración.
¿Qué delitos investigará la Fiscalía en Codelco?
El escrito judicial presentado por Jaime Mulet busca esclarecer diversos hechos que podrían revestir carácter delictual. Según sostiene el diputado, las hipótesis que deben ser investigadas por la justicia incluyen administración desleal, fraude al fisco, falsificación documental, uso de documentos falsos, entrega de información falsa y eventual responsabilidad penal de la persona jurídica.
La presentación se formula en términos prudenciales, sin atribuir responsabilidad penal definitiva a persona determinada, con el objeto de que el Ministerio Público esclarezca la efectividad de los hechos, determine su relevancia penal, identifique a los intervinientes y establezca las responsabilidades que correspondan.
El legislador enfatizó que, si se comprueba el uso de clasificaciones técnicas improcedentes, la omisión de controles relevantes o la aprobación de documentos falsos para aparentar una producción terminada que no fue tal, la gravedad institucional sería absoluta. La denuncia apunta directamente a despejar la duda sobre si se pagaron incentivos asociados a metas que, en la realidad, nunca fueron cumplidas.
El alcance de la investigación solicitada
La solicitud ingresada al Ministerio Público pide verificar si la incorporación irregular de las toneladas métricas finas de cobre reportadas en diciembre de 2025 incidió directamente en los balances anuales y en la entrega de bonos. Además, busca determinar si hubo un ocultamiento sistemático de documentos o si existen deficiencias estructurales graves en los sistemas de reporte de la minera.
El diputado pidió que la causa sea derivada a la Fiscalía Regional o a una unidad especializada dada la complejidad técnica y el impacto público del caso. Por ahora, el futuro de la investigación queda en manos de la justicia, la cual deberá decidir si las inconsistencias son solo errores administrativos o si estamos ante un fraude deliberado que afecta los recursos de todos los chilenos.
