La crisis administrativa en la Macrozona Sur se profundiza con nuevos despidos. Tras la salida del equipo del Plan Buen Vivir, el Gobierno oficializó la desvinculación de 15 funcionarios del Programa de Programación e Información de los Derechos Indígenas (PIDI) en la región de La Araucanía.
Esta reestructuración deja el programa con un equipo mínimo. A nivel nacional, solo permanecen cuatro personas contratadas: una en la Región Metropolitana, una en Chiloé y dos en La Araucanía. Entre quienes continúan en sus funciones destaca el coordinador del programa, Marcelo García, quien también es presidente regional de la Democracia Cristiana.
Situación del Plan Buen Vivir y el futuro de los programas indígenas
Sobre su continuidad temporal, el coordinador Marcelo García explicó que el Gobierno le solicitó mantenerse en el cargo mientras se define la conformación de los nuevos equipos técnicos, tanto a nivel central como regional. Una vez que se concrete esta transición, García deberá facilitar el traspaso completo de la información acumulada.
El foco de estas medidas recae sobre un presupuesto considerable. El Plan Buen Vivir cuenta este año con una asignación aprobada superior a los 330 mil millones de pesos destinados a la Macrozona Sur. De este total, cerca del 50% está orientado a proyectos de infraestructura en las provincias de Malleco y Cautín.
De los 338 mil millones asignados para las cuatro regiones que contempla la iniciativa, 28 mil millones están destinados a convenios con universidades y municipios y 302 mil millones para obras del MOP.
Desde el Ejecutivo, han restado dramatismo a estas salidas, calificando los cambios como parte de un proceso normal tras la instalación de una nueva administración estatal. No obstante, aún no se entrega claridad sobre cuál será la política indígena definitiva ni los plazos para normalizar la operatividad de estos programas en el territorio.
