Una nueva alerta encendió las alarmas de los organismos de derechos humanos en Venezuela tras confirmarse la muerte del exconcejal José Manuel García Sabino. El político se encontraba bajo custodia estatal en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en el estado Anzoátegui, recinto donde fue hallado sin vida el pasado 10 de mayo.
La organización Foro Penal, que monitorea la situación de los presos políticos en Venezuela, informó que este deceso eleva a al menos 20 el número de personas privadas de libertad por motivos políticos que han fallecido en recintos estatales desde 2014. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han entregado un informe oficial sobre las causas del fallecimiento del ingeniero industrial.
Detalles del caso y denuncias
El cuerpo de García Sabino fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, ubicado en Barcelona, para realizar los peritajes correspondientes. Sobre este caso, el exfiscal venezolano en el exilio, Zair Mundaray, sostuvo que la detención del exconcejal no fue un hecho aislado, sino una medida motivada por sus denuncias sobre actos de corrupción en la gestión de la alcaldía local.
La detención de José Manuel García Sabino fue claramente política, producto de sus denuncias sobre hechos de corrupción dentro de la alcaldía.
Este suceso cobra especial relevancia al ocurrir solo dos días después de que se conociera la muerte de Víctor Quero Navas. En aquel caso, las autoridades admitieron el fallecimiento solo nueve meses después de ocurrido, mientras que los familiares de Quero Navas habían denunciado durante todo ese tiempo que desconocían el paradero y las condiciones de reclusión del detenido.
Contexto de derechos humanos en Venezuela
La situación de los detenidos en el país sigue siendo crítica. Según los registros de Foro Penal, al cierre de abril de este año, se contabilizaban 454 presos políticos en Venezuela. El escenario se torna aún más complejo debido a la inestabilidad política actual, marcada por la detención de Nicolás Maduro en manos de fuerzas estadounidenses durante enero y la posterior iniciativa de la presidenta interina Delcy Rodríguez para impulsar una ley de amnistía destinada a la liberación de los reclusos.
¿Continuará aumentando la cifra de fallecidos bajo custodia mientras el país intenta avanzar en procesos de amnistía? La falta de transparencia sobre las causas reales de muerte en las cárceles venezolanas sigue siendo una de las principales exigencias de los organismos internacionales y las familias afectadas.
