El origen de la alerta en San Miguel
El tráfico con drones al interior de las cárceles chilenas no es un hecho aislado, sino parte de un sistema que fue advertido tempranamente. Una teniente segundo que cumplía funciones en el Centro Penitenciario Femenino (C.P.F.) de San Miguel declaró ante la justicia que era un secreto a voces entre los funcionarios de la unidad que un exintegrante de Gendarmería utilizaba drones para ingresar sustancias ilícitas al recinto.
La oficial, que cuenta con una trayectoria de 13 años en la institución, nueve de los cuales los ha pasado en dicho penal, aportó uno de los testimonios clave para comprender cómo el problema se fue extendiendo. Esta advertencia es hoy una pieza fundamental en el complejo entramado de causas que investiga la fiscalía.
La magnitud de la Operación Apocalipsis
Los detalles sobre estas irregularidades quedaron expuestos tras la revisión de más de 10 mil páginas del expediente judicial de la Operación Apocalipsis. Este proceso legal alcanzó un hito el 30 de diciembre, cuando se decretó la prisión preventiva para 42 gendarmes y 20 civiles vinculados a la red delictiva.
El caso, que inicialmente fue detectado en la cárcel de mujeres de San Miguel, terminó conectando con las operaciones en Santiago 1. La investigación judicial busca esclarecer cómo esta estructura corrupta logró permear los controles de seguridad institucionales durante años.
Sobornos y visitas irregulares
El expediente también recoge otros testimonios que grafican el alcance de la corrupción. El 29 de julio de 2025, una ciudadana extranjera en situación migratoria irregular relató a los fiscales que mantenía acceso privilegiado a la cárcel Santiago 1. Según su declaración, podía visitar a su pareja cada viernes gracias a los servicios de una persona identificada como “jefa de manilla Dani”, quien facilitaba los ingresos fuera de toda norma administrativa.
Estos antecedentes se suman a otros hechos investigados en el ámbito judicial, como las pesquisas sobre la desaparición de María Ercira. En aquel caso, un funcionario de Carabineros cuestionó en su declaración la “actitud pasiva” observada durante las primeras horas de búsqueda, lo que pone de relieve el nivel de escrutinio que hoy enfrentan diversas instituciones ante la opinión pública.
