Una grave crisis financiera afecta a más de 30 subcontratistas en el Gran Concepción, quienes acusan a la empresa española Tapusa de adeudar más de $2 mil millones. Los montos corresponden a servicios prestados en las obras del Puente Esmeralda y el eje Colón, proyectos que fueron abandonados por la compañía, dejando a las empresas locales en una situación crítica.
Ante la falta de respuestas claras, los afectados han solicitado formalmente levantar el secreto bancario de la constructora. El objetivo de esta medida es determinar si la firma española cuenta con los recursos necesarios para saldar sus compromisos impagos o si existe una insolvencia total. Esta incertidumbre ha generado un fuerte malestar en el sector de la construcción regional.
Reunión con el Seremi y falta de soluciones
Los representantes de los contratistas sostuvieron un encuentro con el seremi de Vivienda, Anselmo Villagra, con el fin de buscar alternativas ante el impago masivo. Sin embargo, los empresarios salieron del recinto con una profunda insatisfacción, argumentando que no perciben soluciones concretas ni rápidas para recuperar sus fondos.
Que no se rían de nosotros, la idea es cobrar nuestro dinero, ya que estamos muy afectados, indicó Sergio Orellana, uno de los afectados con el abandono de obras de Tapusa.
Por su parte, el contratista Juan Palma hizo un llamado directo a las autoridades, solicitando mayor voluntad política para resolver este conflicto. Alexis Gaete, quien actúa como intercomunicador del grupo con la autoridad regional, confirmó que la cifra total de la deuda supera los $2 mil millones, impactando directamente a las empresas que ejecutaron faenas tanto en Talcahuano como en Concepción.
Acciones judiciales y estado del conflicto
Respecto a la intervención estatal, el seremi Anselmo Villagra anunció que el próximo miércoles se iniciarán mesas de trabajo para buscar una salida al conflicto. La autoridad no descartó viajar a Santiago junto a los afectados para sostener un diálogo directo con el ministro Iván Poduje.
A pesar de que el lunes el ministro Iván Poduje anunció en Concepción la presentación de acciones legales, desde el Ministerio de Vivienda aclararon que estas aún no se han materializado. El proceso judicial se mantiene a la espera de que se concrete el término definitivo del contrato con Tapusa, paso administrativo previo indispensable para cursar las demandas. ¿Lograrán los contratistas obtener sus pagos antes de que la empresa se retire completamente del país?
