Un llamado de alerta desde el máximo tribunal
La Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, el ambicioso proyecto impulsado por el presidente José Antonio Kast, recibió un duro golpe técnico. Este viernes, la Corte Suprema envió al Mandatario y a la Cámara de Diputados un informe que exige realizar «ajustes relevantes» a la iniciativa, advirtiendo sobre serias deficiencias en materia medioambiental y posibles riesgos para las arcas del Estado.
Este pronunciamiento judicial llega justo un día después de que la propuesta fuera aprobada en la comisión de Hacienda del Congreso. La atmósfera política está tensa, con el Gobierno acusando a la oposición y sectores de centroizquierda de intentar «obstaculizar y boicotear» el avance de las más de 40 medidas que buscan reactivar la economía chilena.
Peligros para el presupuesto público
Uno de los puntos más críticos señalados por el tribunal se refiere al mecanismo para compensar gastos a titulares de proyectos ambientales cuyas resoluciones sean anuladas por la justicia. Según la Suprema, aunque el objetivo es proteger la confianza de los inversionistas, la redacción es excesivamente amplia.
El documento subraya que «el Fisco podría terminar operando como una suerte de asegurador general del riesgo regulatorio de la inversión privada». Ante este escenario, los magistrados sugieren incorporar exigencias más estrictas, como:
- Acreditación de la buena fe del titular.
- Ausencia de responsabilidad del inversor en el vicio de la resolución.
- Razonabilidad de los gastos efectuados.
- Existencia de una carga patrimonial desproporcionada.
Incertidumbre en la evaluación ambiental
El informe también pone la lupa sobre los cambios propuestos al régimen de evaluación ambiental y a las atribuciones de los Tribunales Ambientales. La Corte advierte que el proyecto no aclara si se trata de una regla excepcional o de una modificación general, lo cual podría provocar graves problemas de interpretación jurídica.
Además, existe preocupación porque la iniciativa «omite armonizar esta nueva acción con las reglas de legitimación activa de la Ley N°20.600». Esta omisión podría generar confusión sobre quiénes tienen derecho a impugnar resoluciones, debilitando el marco normativo actual.
La advertencia del Poder Judicial se suma a las voces críticas del Consejo Fiscal Autónomo y el Fondo Monetario Internacional, quienes ya habían alertado sobre un «impacto fiscal neto negativo» que podría comprometer las metas de deuda pública del país. Por ahora, el ministro Quiroz mantiene la postura del Ejecutivo, llegando a deslizar la posibilidad de recurrir a decretos si el trámite legislativo se estanca.
