Medidas internas en Renovación Nacional
La cúpula de Renovación Nacional (RN) tomó una determinación drástica respecto a la senadora Camila Flores: la envió al Tribunal Supremo de la colectividad. Esta decisión se produce tras el allanamiento realizado por el OS9 de Carabineros el pasado miércoles en las oficinas de la parlamentaria en el Congreso, en el marco de una investigación por un supuesto fraude al Fisco de carácter reiterado.
La secretaria general de RN, Katherine Martorell, confirmó la entrega de los antecedentes a la instancia partidaria. Según Martorell, el objetivo es que el Tribunal Supremo adopte las medidas que correspondan según los estatutos internos, además de exigir que la justicia actúe con la máxima celeridad y rigurosidad posible en el esclarecimiento de los hechos.
La investigación por sueldos parlamentarios
La indagatoria contra Flores apunta a una presunta apropiación indebida de parte de los sueldos de sus trabajadores. De acuerdo con antecedentes revelados por Reportajes de T13, el dinero provendría de las asignaciones parlamentarias que recibió la senadora durante su gestión como diputada, periodo comprendido entre 2018 y 2026. La denuncia original fue presentada por una fuente anónima.
Por su parte, la senadora Flores rechazó las acusaciones y afirmó que no se dejará «amedrentar por intentos de afectar mi honra». Tras el operativo policial en su oficina, la legisladora calificó las diligencias como «procedimientos habituales».
La postura del partido frente a la crisis
Desde la directiva de RN, la respuesta inicial enfatizó su «compromiso irrestricto con los principios de transparencia, probidad y responsabilidad». Asimismo, el partido manifestó su pleno respeto a las instituciones, al Estado de Derecho y a la presunción de inocencia que le asiste a la senadora involucrada.
Este escenario de tensión política ocurre en paralelo a otras controversias en el Congreso. Recientemente, el abogado del exdiputado Joaquín Lavín, tras conocerse su prisión preventiva, calificó la situación judicial de su representado como una «especie de Frankenstein jurídico». En otro ámbito legislativo, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, descartó modificaciones a la ley de aborto en tres causales, señalando que «Chile ya discutió y legisló» sobre esta materia.
