La denuncia contra la parlamentaria
Un crudo testimonio sacudió el escenario legislativo. Julio Lillo, exasesor parlamentario de la senadora Camila Flores, entregó un relato detallado ante la Fiscalía en el marco de la investigación por fraude al fisco que pesa sobre la parlamentaria. La diligencia, realizada el 14 de abril, apunta a un esquema donde la legisladora habría exigido devoluciones en efectivo de los salarios pagados a sus colaboradores.
El mecanismo de los supuestos cobros
Lillo, quien comenzó su vínculo laboral con Flores en 2018 durante su campaña, describió cómo se gestó esta situación apenas iniciada su contratación. Según su versión, tras firmar el contrato, la entonces diputada lo citó en el Congreso a través de su secretaria, María Yolanda Olfos Jarufe.
Estando a solas en la oficina parlamentaria, la senadora le habría manifestado que tenía «muchos gastos» y que estaba «complicada». Bajo lo que Lillo describió como una «actitud de amigos», la parlamentaria le pidió que reembolsara una cantidad determinada de su sueldo de manera temporal. El asesor afirmó que esta promesa de regularización nunca se cumplió.
Entregas de dinero en efectivo
El exasesor detalló ante la justicia el modo en que operaba el sistema. Tras recibir su primer pago, Lillo asegura haber ido al banco a efectuar un giro de emergencia por caja. Posteriormente, entregó el dinero en efectivo directamente a Camila Flores en su oficina en el Congreso, viendo cómo ella guardaba los billetes en su cartera.
Con el paso del tiempo, la modalidad habría cambiado. Según el testimonio, la parlamentaria le solicitó que los dineros fueran entregados directamente a su secretaria, Yolanda Olfos. Lillo sostiene que este proceder quedó registrado en una serie de conversaciones de WhatsApp que ya fueron entregadas a Carabineros. En dichos chats, la secretaria se refería a estos movimientos como «el trámite» o pedía que se acordara «de eso», evitando mencionar explícitamente el dinero en efectivo.
La Fiscalía mantiene estas declaraciones como una prueba clave en la indagatoria, mientras que los antecedentes sobre el presunto fraude al fisco siguen acumulándose en una causa que ya ha derivado en la solicitud de alzar el secreto bancario de la legisladora.
