Dictamen sobre el uso de La Moneda
La Contraloría General de la República se pronunció este jueves sobre el uso del Palacio de La Moneda durante la administración del Presidente José Antonio Kast, descartando cualquier tipo de irregularidad tanto en su funcionamiento como residencia presidencial como en la realización de cultos religiosos al interior del recinto.
El pronunciamiento del organismo surge tras una presentación ingresada por David Silva Bernales, Miguel Yáñez Lagos, Cleiton Dejair Córdova Martins y otros ciudadanos que solicitaron reserva de identidad. Estos cuestionaron la utilización del edificio gubernamental, motivando un análisis detallado sobre las atribuciones del mandatario en el lugar.
Tradición histórica y libertad religiosa
En su informe, la entidad sostuvo que el Palacio de La Moneda posee una larga tradición de uso mixto. El texto detalla que el edificio ha contado con patios, salones, oficinas y habitaciones que, a lo largo del tiempo, han servido «no sólo como espacios de trabajo institucional y para la realización de actividades oficiales y protocolares, sino que también de residencia permanente».
Respecto a los servicios religiosos, la Contraloría precisó que estas actividades han formado parte de la tradición del inmueble durante décadas. Si bien el Estado de Chile es laico, el organismo aclaró que «ello no obsta a que, desde antigua data y hasta la fecha, en su interior existan tres capellanías que comparten un mismo templo». Estas operan bajo autorización formal y su coordinación depende de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Regulación y Monumentos Nacionales
La Contraloría concluyó que las prácticas consultadas se ajustan al «uso histórico» del palacio, desestimando los reparos presentados por los denunciantes. Sin embargo, el dictamen impone límites claros: no se deben realizar remodelaciones, reparaciones ni intervenciones sin la autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales.
Finalmente, el ente fiscalizador instruyó a la Dirección Administrativa de la Presidencia para que, en conjunto con el Consejo de Monumentos Nacionales y el Ministerio de Bienes Nacionales, implemente o actualice la normativa interna vigente. El objetivo es regular de forma precisa el uso de los espacios tanto en el Palacio de La Moneda como en el Palacio de Cerro Castillo.
