La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, formalizó ante el Juzgado de Garantía local una solicitud crítica: el levantamiento del secreto bancario de la senadora Camila Flores (RN). Esta medida se enmarca en una investigación por fraude al fisco reiterado, donde se indaga una presunta apropiación indebida de parte del sueldo de trabajadores que colaboraban con ella durante su periodo como diputada.
Allanamientos y la ruta del dinero
La diligencia judicial ocurre justo un día después de que personal del OS9 de Carabineros irrumpiera en las oficinas de la parlamentaria en el Congreso Nacional, incautando computadores para su peritaje. El objetivo de la Fiscalía es rastrear la ruta de los fondos que habrían sido transferidos presuntamente en efectivo a Camila Flores mediante el mecanismo conocido internamente como “la cuota Flores”.
En un escrito de 12 páginas, cuya existencia fue revelada por T13, el Ministerio Público sostiene que existe una “maquinación destinada a defraudar al Fisco”. La Fiscalía enfatiza que el alzamiento de las cuentas es imprescindible para determinar si los flujos financieros coinciden con las rentas declaradas por la legisladora y para establecer vínculos con otros involucrados.
Las pruebas: chats y presiones
El documento judicial detalla conversaciones de WhatsApp extraídas del celular de María Yolanda Olfos Jarufe, que respaldarían los testimonios del imputado Julio Lillo Catalán. En uno de los diálogos, Camila Flores exige montos específicos a Yolanda Olfos, mencionando cifras concretas: “¿Y eso cuánto implica tener que pasar? 1.200 mil. Ok, no menos que eso. Acepte no más. Ni uno menos que eso, eso si”.
Los antecedentes sobre una posible maquinación destinada a defraudar al Fisco, en la que habrían intervenido funcionarios públicos engañando e infringiendo deberes de probidad, hace necesario realizar diligencias sin conocimiento del afectado para no frustrar la investigación.
Otro intercambio refleja tensiones por un depósito pendiente, donde Camila Flores cuestiona a Olfos: “Ya no dan ganas ni de saber razones. Mañana necesito que esté con todas las cosas a las 5 en Casablanca. Gracias”, a lo que la asesora responde que los retrasos no son excusas, sino situaciones reales comprobables con fechas bancarias.
Proyección del caso
Actualmente, el tribunal debe resolver la petición de la fiscal Claudia Perivancich basándose en el artículo 236 del Código Procesal Penal. El resultado de este alzamiento bancario será determinante para la siguiente etapa de la investigación, donde se buscará clarificar si estos movimientos configuran efectivamente un delito de fraude contra los recursos fiscales. ¿Logrará el Ministerio Público acreditar la sistematización de estos cobros a través de los datos financieros?
