La directora del Instituto Superior de Comercio (Insuco) de Talca, María Consuelo Pérez, presentó un crudo diagnóstico sobre la realidad del establecimiento ante la Comisión de Educación del Senado. Su intervención, motivada por la visita previa del senador Cristián Vial (REP.-IND), buscó visibilizar las dificultades operativas de un centro que enfrenta un 92% de vulnerabilidad escolar.
Pérez describió un panorama complejo marcado por el impacto de hogares monoparentales e inestabilidad económica en la comunidad estudiantil. La autoridad enfatizó que los 1.000 estudiantes del recinto se ven expuestos constantemente a contextos de riesgo social y economías ilícitas que desafían la labor docente cotidiana.
El llamado a las autoridades
Durante su exposición, la directora criticó la falta de facultades para proteger a los alumnos y gestionar la convivencia ante eventos que sobrepasan lo pedagógico.
Atendemos a 1.000 estudiantes que ven en este liceo una oportunidad, pero el sistema actual nos deja con herramientas limitadas para proteger esa oportunidad de la violencia y la delincuencia. Necesitamos que los reglamentos internos sean validados y que la autonomía de los directivos se respete.
Para enfrentar esta situación, Pérez propuso incorporar criterios específicos en los procesos de admisión que prioricen la convivencia escolar. Asimismo, solicitó mecanismos de continuidad educativa diferenciada para casos complejos y una mayor autonomía para que los directivos puedan aplicar efectivamente los protocolos de seguridad existentes.
Reacciones en el Congreso
El senador Cristián Vial calificó la intervención de la directora como un «baño de realidad» necesario para la toma de decisiones legislativas. El parlamentario subrayó que el caso del Insuco Talca no es aislado, sino que representa el «grito de auxilio de la educación pública» que actualmente requiere atención urgente desde el Congreso.
En el cierre de la sesión, se destacó la necesidad de fomentar una fiscalización más activa y una mayor presencia de redes de apoyo a la niñez en los entornos escolares. La proyección de esta problemática sugiere que el Senado deberá evaluar prontamente ajustes en la normativa para otorgar mayores atribuciones a los directivos frente a conductas que escalan hacia el ámbito delictual.
