Conflicto laboral en Los Lagos: el trasfondo de la multa
La Municipalidad de Los Lagos, ubicada en la Región de Los Ríos, enfrenta un complejo escenario judicial tras ser multada por el incumplimiento en el pago de una indemnización laboral. La disputa comenzó cuando un exfuncionario interpuso una demanda por tutela laboral tras alegar despido injustificado, luego de que la casa edilicia decidiera no renovar su contrato a honorarios para el periodo 2025.
En octubre del año pasado, el Juzgado de Letras de Los Lagos acogió la demanda, ordenando al municipio el desembolso de 10 millones de pesos a favor del demandante. Sin embargo, pese al fallo, han transcurrido cerca de seis meses sin que la administración liderada por el alcalde Víctor Fritz haya emitido el decreto alcaldicio necesario para concretar el pago de la deuda ordenada por la justicia.
La sanción y la advertencia judicial
El abogado del denunciante, Juan Cristóbal Valdivia, confirmó que, ante la inacción municipal, el tribunal aplicó una multa de 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM), equivalente a unos 70 mil pesos, además de apercibir nuevamente a la entidad para que dicte el decreto y realice el pago pendiente.
El estado actual de la causa, desafortunadamente la ilustre Municipalidad de Los Lagos no ha dado cumplimiento con la orden del pago y el tribunal, a petición nuestra, se dispuso derechamente la aplicación de una multa de una Unidad Tributaria Mensual, nuevamente los apercibió a dar cumplimiento a la orden, esto es de dictar el decreto alcaldicio correspondiente y ordenar el pago de lo debido.
El profesional advirtió que, si el monto no es cancelado en el plazo de 10 días hábiles otorgado por el tribunal, las sanciones económicas podrían escalar significativamente.
Respuesta del alcalde y posibles consecuencias
Por su parte, el alcalde Víctor Fritz sostuvo en conversación con Radio Bío Bío que el municipio ya está realizando las gestiones administrativas necesarias. Según la autoridad, el retraso se debe al complejo proceso burocrático interno para obtener el certificado de disponibilidad presupuestaria, asegurando que el pago se concretaría durante los próximos días.
A pesar de estas declaraciones, la defensa del exfuncionario no descarta endurecer las medidas si el municipio insiste en la demora. Entre las opciones evaluadas se encuentra remitir los antecedentes al Ministerio Público para investigar un posible desacato o solicitar nuevamente una orden de arresto contra el alcalde, una medida que ha sido rechazada anteriormente por el tribunal al considerarla “desproporcionada”. Por ahora, el exfuncionario permanece a la espera de que el municipio cumpla finalmente con la sentencia dictada hace medio año.
