Acciones contra el turismo ilegal en áreas protegidas
El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela —quien ejerce sus funciones en la cartera—, ha tomado cartas en el asunto ante la creciente indignación ciudadana por una empresa de capitales rusos que comercializa tours en motos acuáticas dentro de parques nacionales. Esta práctica, que ha sido denunciada en diversas plataformas digitales, contraviene la estricta regulación que rige el uso de vehículos en ecosistemas bajo protección estatal.
El secretario de Estado calificó la situación como grave y anunció que solicitará formalmente a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) que entregue toda la información pertinente sobre estas operaciones. «Todo lo que se relaciona con el tránsito de personas o vehículos al interior de parques nacionales está completamente regulado», subrayó el ministro, recordando que estas normas abarcan desde el flujo de visitantes hasta el uso de embarcaciones en lagos y glaciares.
Antecedentes de denuncias previas
Esta no es la primera vez que se reportan irregularidades en zonas de alto valor ecológico. A inicios de este año, ya se habían levantado denuncias ciudadanas respecto a actividades ilegales en puntos críticos como el islote Conejo, en la comuna de Queilen; el río Futaleufú, en la Región de Los Lagos; y el icónico Parque Nacional Laguna San Rafael, en la Región de Aysén.
En el pasado, la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, ya había alertado que estas empresas operadoras no contaban con el registro obligatorio en el Servicio Nacional del Turismo (Sernatur). La falta de fiscalización y el riesgo para la biodiversidad han elevado la preocupación de las autoridades ante la posibilidad de accidentes, los cuales en casos anteriores han terminado en la pérdida de vidas humanas.
El futuro de la fiscalización
El ministro enfatizó que, ante cualquier denuncia, la institución debe investigar y aplicar las sanciones correspondientes. «Si hay responsables por ese tipo de situaciones, tienen que ser sancionados», sentenció. La autoridad recalcó que, independientemente de la transición institucional de la Conaf —que próximamente se dividirá en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Servicio Nacional Forestal (Sernafor)—, el mandato de velar por el cumplimiento de la norma permanece intacto.
Finalmente, el jefe de la cartera advirtió sobre el impacto reputacional para Chile, señalando que la falta de cumplimiento de las normativas vigentes pone en riesgo no solo la integridad del patrimonio natural, sino también la imagen internacional del país ante el mundo.
