Una millonaria demanda civil por 150 millones de pesos marca el avance del caso contra Alejandro Ríos, el hombre acusado de disparar a una mesera en un restaurante de Concepción. El violento episodio, ocurrido el 29 de mayo de 2024 en el local Luncheonette, terminó con la víctima perdiendo la visión de uno de sus ojos tras negarse el sujeto a pagar la cuenta del servicio.
Audiencia clave y peticiones de pena
Durante la reciente audiencia de preparación de juicio oral en el Juzgado de Garantía de Concepción, el Ministerio Público y los querellantes reafirmaron su postura: solicitan una condena de hasta 19 años de cárcel para el imputado. Los cargos que se le imputan incluyen el homicidio frustrado de la trabajadora y el porte ilegal de arma y municiones.
Francisca Fuentes, la víctima, enfrentó por primera vez al acusado tras casi dos años de ocurrido el ataque. En declaraciones a Radio Bío Bío, expresó el profundo impacto emocional y físico que el hecho ha tenido en su vida:
Pido justicia porque este caballero me destruyó la vida. Estoy con tratamiento médico, con tratamiento psicológico, y tampoco estoy en condiciones de hablar mucho porque lo estoy pasando pésimo.
La joven además aclaró que no ha mantenido ningún tipo de comunicación con su empleador tras el incidente.
Defensa civil frente a estrategia de inculpado
El abogado Gabriel Ramírez, representante de Fuentes, fundamentó la demanda millonaria argumentando que el imputado actuó con alevosía, aprovechando que la trabajadora no tenía ninguna posibilidad de repeler el ataque. Por su parte, la defensa de Alejandro Ríos, encabezada por el abogado Raúl Bustos, anunció que buscará la absolución. Bustos sostiene que el cliente actuó bajo la figura de legítima defensa, afirmando poseer antecedentes que probarían una dinámica distinta a la presentada por la Fiscalía.
Respecto a la situación cautelar, el tribunal rechazó la solicitud de la defensa para rebajar el arresto domiciliario total del imputado. Cabe recordar que Ríos permaneció en prisión preventiva desde mayo de 2024 hasta enero de 2026. Con el juicio oral en el horizonte, la justicia deberá determinar si la tesis de la legítima defensa tiene sustento o si se ratificará la alta pena solicitada por el Ministerio Público.
