La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ingresó esta semana un proyecto de ley con el objetivo de fortalecer el estatuto de persecución penal del secuestro en Chile. La iniciativa busca modernizar la legislación ante una realidad delictual caracterizada por una mayor violencia, organización y complejidad operativa.
¿En qué consiste exactamente esta propuesta legislativa? Entre sus puntos clave, se plantea reducir de 15 a 5 días el plazo mínimo de privación de libertad necesario para configurar una hipótesis de mayor gravedad, bajo el argumento de que cinco días ya representan una afectación severa a la integridad de la víctima. Además, el texto propone que este ilícito se castigue como delito consumado incluso desde su grado de tentativa.
Nuevas agravantes y herramientas persecutorias
El proyecto no solo ajusta plazos, sino que introduce agravantes específicas cuando la víctima pertenece al sistema de persecución penal, tales como jueces, fiscales, defensores o funcionarios policiales, siempre que el delito se cometa en razón de su cargo. Asimismo, la propuesta legal busca sancionar expresamente la conspiración para ejecutar un secuestro, otorgando al Ministerio Público herramientas más robustas.
El secuestro no solo forma parte de un problema entre bandas criminales, sino que también es un riesgo para las familias de Chile. No puede ser que la ley hoy día exija mínimo 15 días de cautiverio para que recién se puedan aplicar las mayores sanciones, señaló el diputado Mauro González.
Por su parte, el diputado Diego Schalper reforzó el compromiso del bloque con la agenda de seguridad. El parlamentario señaló que Chile enfrenta un momento crítico debido a que organizaciones criminales han importado métodos delictivos desconocidos anteriormente en el país, subrayando que la bancada busca mantenerse a la vanguardia en materia normativa.
Cifras que justifican el proyecto
La urgencia de la medida se respalda en datos alarmantes proporcionados por la Fiscalía. Durante el año 2024, se registraron 868 delitos de secuestro, la cifra más alta reportada desde 2014. Esto representa un incremento del 2,1% en comparación con los 850 casos documentados en 2023.
El Ministerio Público ha enfatizado que este fenómeno está intrínsecamente ligado a estructuras de criminalidad organizada. El informe de la Fiscalía Nacional advierte, además, que el delito ha experimentado una mayor sofisticación tecnológica, lo que confirma al secuestro como una manifestación del complejo escenario criminal actual. Con esta propuesta, los legisladores esperan frenar la normalización de estas prácticas y elevar los costos penales para quienes operan bajo estas modalidades en el territorio nacional.
