La exalcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, rompió el silencio luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) retirara el computador que utilizaba durante su gestión municipal. El operativo, que incluyó la incautación de 11 computadores en total, se enmarca en una investigación por presuntos delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, iniciada tras una querella presentada por el actual jefe comunal, Miguel Concha.
Sobre los hechos, informados inicialmente por Ignacio Mahave de Radio Bío Bío, Leitao aclaró que no se trató de un allanamiento ordenado por un juez, sino de una entrega voluntaria. “El computador que utilizaba siendo alcaldesa, como debe ser, lo entregué el año 2024 cuando dejé el cargo de acuerdo a los protocolos establecidos”, afirmó la exedil.
La defensa de Leitao y críticas a la gestión de Concha
La exautoridad sostuvo que el procedimiento es una diligencia habitual en investigaciones de esta índole para recabar información. Pese a las acusaciones que enfrenta por un déficit detectado de al menos $12 millones en diciembre de 2024 —mes en que asumió Concha—, Leitao se mostró tranquila y confiada en su inocencia.
“Durante mi gestión, la comuna no solo tuvo un gran progreso, sino que además incrementó significativamente su patrimonio y no hay dinero perdido como se ha intentado instalar a través de diversos medios”, aseguró la exalcaldesa.
La abogada aprovechó la instancia para lanzar una dura crítica a su sucesor, señalando que esta situación es parte de una estrategia comunicacional. Según Leitao, las acciones judiciales poseen un correlato de “descrédito y desmedidas ansias de figuración por la otra parte”.
El futuro de la investigación
La investigación, que es seguida de cerca por el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, continúa su curso para determinar si existieron irregularidades administrativas en la gestión anterior. Por su parte, la exalcaldesa reiteró que cuando llegue el momento oportuno, tendrá la oportunidad de “desvirtuar cada una de las imputaciones” que se le han hecho, manteniendo su convicción de haber actuado apegada a la ley. ¿Logrará la Fiscalía esclarecer el origen de este déficit de $12 millones o se trata de una disputa política que escalará en los tribunales?
